Sergio Bergman: "Hay una deuda con la política ambiental"

Mano a mano con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Los puntos salientes de su gestión, el balance hasta el momento y las prioridades a trabajar.
“Tenemos que asumir que hay una deuda con la política ambiental, que la Argentina no necesariamente tuvo”, fueron algunas de las primeras palabras que pronunció el rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Convocado por Futuro Sustentable Radio para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el funcionario definió varios de los puntos salientes que componen a su gestión.
¿Cuál es el rumbo adoptado por la política ambiental nacional?
Por un lado, una visión muy importante de cambio de eje, donde la política de ambiente y desarrollo sustentable está inscripta en la política de derechos humanos. No hay sustentabilidad más importante que tengamos que asegurar que la dignidad de las personas, y que persona y ambiente forman una unidad orgánica integral que tenemos que preservar. Y, por otro lado, los objetivos técnicos más inmediatos: cómo cambiamos no solo nuestros hábitos, sino también esta matriz de calentamiento global en que la Argentina ha suscrito al acuerdo de París, por lo que tenemos deberes para completar y, en 2018, índices nacionales de contribución para consolidar, lo que implica cambiar la matriz energética, volver a cuidar nuestros bosques nativos y ampliar nuestra forestación, evitar la desertificación, trabajar en la agricultura responsable, cuidar que no haya contaminación en nuestros ríos y mares, y, fundamentalmente, que toda actividad productiva sea responsable y sustentable en cualquier ámbito del territorio nacional.
¿Cómo se hace para solucionar un problema tan grave como lo es la situación en que se encuentra la cuenca Matanza Riachuelo?
La situación de la cuenca, además de ser una deuda histórica, es una deuda de gestión. No nos podemos olvidar que la gestión de la política en ella viene en deuda con una justicia que ya dictaminó que las tres jurisdicciones –Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Nación– son culpables. Esa exigencia tiene que ver primero, no con la calidad del agua, sino con la vida de las personas, porque el fallo se sustenta en que hay gente que está enferma por vivir en la línea de agua del Riachuelo. Entonces, el primer tema es la gente. Hay que cuidarla y reubicarla. Al mismo tiempo, para cuidarla, hay que dejar de contaminar. No se puede limpiar lo que se sigue contaminando. A partir de esta gestión, esa es una política que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) asume, que es homologar los protocolos de inspección, programarlos, seguirlos, fiscalizar, multar y exigir a las empresas que uno no va para cerrarlas, pero sí para reconvertirlas, porque es inadmisible querer cuidar a la gente y no hacer nada con las empresas que contaminan.
Con respecto al tema de la remediación y contaminación, se trabajará con las industrias en un nuevo plan de inspecciones programadas, en que hay también un sistema tecnológico donde la agenda de los inspectores y las empresas que son inspeccionadas tienen un calendario.
¿Se realizará también el monitoreo de la calidad del aire en la zona?
Sí. Uno de los proyectos, en que ya hay especialistas trabajando, tiene que ver con el monitoreo del aire, que es algo que se retoma. Inclusive, ese equipo, además de ser para Acumar, va a ser interdisciplinario y federal. También tenemos pendiente ese monitoreo en el río Uruguay, frente a la costa de Gualeguaychú, por el tema de Botnia. Para todo lo que tiene que ver con monitoreo del aire, ya se está trayendo equipamiento y trabajando, también, en tener una línea de base. No nos olvidemos que muchos temas son todavía muy problemáticos en términos ambientales porque nunca hubo mediciones de línea de base de todos estos parámetros. Es una responsabilidad. Ya es hora que los indicadores ambientales sean medidos por entes autónomos, publicados y conocidos por todos.
¿Qué implica la creación de la Agencia Federal de Gestión de Residuos, a la que remitió días atrás?
Por resolución interna del ministerio, hemos trabajado en la creación de una Agencia Federal de Gestión de Residuos. Tenemos la aspiración de que, a mediano plazo, sea una ley, una política de Estado en función de los tres estamentos: que sea una ley, por parte del legislativo; que tenga monitoreo y fiscalización, por parte de la justicia; y que nosotros, a nivel ejecutivo, podamos ser un Ministerio que le da servicios a toda jurisdicción. Lo que esta agencia está haciendo es homologar, catalogar y tipificar las buenas prácticas de gestión de residuos, que luego necesitan tener presupuesto, infraestructura y logística, empezando por el primer umbral que se planteó para este año, que es un programa de basurales cero. No podemos hablar de nuevas técnicas de separación ni de cambio cultural si tenemos, como sucede hoy, tantos lugares con basurales a cielo abierto, que es algo ya inadmisible para el saneamiento y la calidad de vida de todos.
Días atrás, usted dijo que no le ponen más adjetivos a la minería, ¿podría ahondar en esa idea?
A la minería, como actividad, no le queremos poner un adjetivo, porque entramos en una discusión donde ya las palabras se desgastaron. O sea, plantearlo como responsable o sustentable… Es una actividad extractiva, que puede traer progreso económico para determinados distritos, pero nunca a expensas de violar la ley. Acá, el problema que tenemos es que le endosamos la palabra minería, con razón, a la falta de cumplimiento de los límites que establece la ley. Sin control, sin monitoreo, sin premios y castigos, sin multas y sin seguros ambientales que deben ejecutarse, con tantos malos antecedentes que tuvimos, donde la minería no necesariamente fue mala, pero su mala praxis es inadmisible. Entonces, el objetivo es ponerla nuevamente en el marco del cumplimiento de la ley, en el nivel de que nada se puede hacer sin respetar la jurisdicción provincial y, siempre, sobre la base de los consensos sociales.
¿Cuál es el estado actual de la implementación de la Ley de Glaciares? ¿Se avanza con el inventario?
Estamos trabajando. Parte del inventario está publicado; otra parte se está financiando y trabajando para que también lo sea. Además, estaremos reglamentando el relevamiento de la fase I, que es morfológico, un trabajo que se está haciendo en diferentes sectores, para que, además de la morfología, haya verificación efectiva que la zona periglacial tenga función de reserva hídrica para ya prohibir de plano cualquier actividad minera. De todos modos, toda actividad minera siempre tiene que cumplir con el pacto ambiental, donde se hace una auditoria proyectiva de dónde se quiere hacer. Por otra parte, una vez publicados los inventarios, toda actividad ya existente también debe pasar una auditoria para verificar el estado en cual se está desarrollando hoy.
Recientemente, usted anunció que se está pasando del modelo de estudios de impacto ambiental al de estudios ambientales estratégicos, ¿qué significa esto?
Los países que están más desarrollados en esta materia, cosa que nosotros aspiramos a ser, no hacen solo estudios de impacto ambiental de un proyecto, algo que está a cargo de quien quiere desarrollarlo, sino que es el Estado, al definir las políticas públicas, el que establece estudios ambientales estratégicos. ¿Qué significa? Que uno, para un determinado requerimiento o actividad, evalúa diferentes tipos de proyectos, tecnologías y sus impactos en las diversas regiones de un país. Entonces, cuando alguien quiera desarrollar algo, antes de hacer un estudio de impacto ambiental, ya habremos definido si esa actividad, esa tecnología, está habilitada o no en ese lugar.
¿Esto es lo que se hará para las represas que se proyecta construir en el río Santa Cruz?
Lamentablemente, llegamos tarde. En vez de haber empezado por una estrategia para cubrir la matriz energética, se empezó por lo peor, que fue expropiar tierras para hacer un negocio, firmar un contrato corrupto para quedarse con esa diferencia e involucrar a todos los argentinos en una situación que hoy también genera un riesgo diplomático. De todos modos, hay una decisión muy firma del gobierno de que, si el estudio de base, impacto y desacople de las represas no da viabilidad, este proyecto no se va a hacer.
En las conversaciones que ya se están teniendo sobre el Presupuesto 2017, ¿se está considerando el monto que correspondería asignar al Fondo de Conservación de los bosques nativos, que siempre estuvo por debajo de lo que establece la Ley de Bosques?
Sí, el presupuesto está asignado y reservado. Hubo que reponer el del año pasado, que –por decisión de la anterior Jefatura de Gabinete– se asignó a otros fines que no son los bosques. Aquí, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley y, después, ampliar toda fuente de financiamiento posible para los bosques, al tiempo que se pide al Ministerio del Interior que también sea claro con aquellas provincias que hacen el mapa, pero no lo respetan y hablan de la Ley de Bosques, pero deforestan. Y que, a la hora de recibir coparticipación y aportes del Gobierno Nacional, este sea un indicador muy claro para apoyar a los que cumplen, y a los que no, primero que cuiden los bosques y los árboles, y luego pidan fondos.