A través del análisis estadístico de datos climáticos y económicos de las últimas décadas, especialistas han encontrado que el daño económico agregado por el aumento de las temperaturas es incluso mayor del que se había estimado.
En palabras de Ana María Vidal de Lamas, la República Argentina no es ajena a la triple crisis planetaria de variaciones climáticas, contaminación ambiental y pérdida de la biodiversidad. “Y los argentinos tenemos un importante rol para jugar en esta crisis y una gran oportunidad también, aportando soluciones innovadoras que nos permitan lograr un desarrollo sustentable. Descarbonizar nuestra economía es central para ser competitivos a nivel internacional”, aseguró la subsecretaria de Ambiente de la Nación.
Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), referenciadas en el Acuerdo de París, hacen un llamamiento a las empresas para que desempeñen su importante papel a la hora de hacer frente a este reto mundial mediante estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
Si la Argentina concreta su entrada a la OCDE hay que tener en tener en cuenta un punto no menor, relativo a los estándares ambientales que aborda la organización. Por ende, el país deberá actualizar y mejorar el marco normativo referido a la política ambiental en su proceso de accesión.
Siguiendo al Círculo de Política Ambiental (2024), entre los ejes clave de gestión y gobernanza ambiental están las sustancias químicas (Sistema Globalmente Armonizado y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes-RETC), la economía circular (Principio REP) y la evaluación ambiental estratégica. En ese sentido, uno de los requisitos prioritarios a cumplir pasa por la responsabilidad extendida del productor (REP) que traslada la responsabilidad legal y económica de la gestión de los residuos, en manos del Estado, al sector privado productor de los bienes, el cual debe hacerse cargo de todo el ciclo de vida de los productos.
