El Riachuelo es un ícono en lo que ha pasado en nuestro país en materia ambiental, y una gran preocupación de todos los argentinos. Para conocer más detalles en relación a los trabajos de saneamiento que se hace en la Cuenca Matanza Riachuelo, Futuro Sustentable conversó con Lucas Figueras, presidente de ACUMAR.
Futuro Sustentable: – ¿En qué instancia está el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo?
Lucas Figueras: – Como primera medida, tenemos que entender que cuando hablamos del Riachuelo, más allá del color político, esto inicia su intención con la causa Mendoza para que sea una política de Estado. Es una deuda ambiental que tiene más de 200 años y que arranca hace un poco más de 10. La Corte vino a dar una solución para que nos pongamos de acuerdo. Claramente, cuando hay afinidad política, hay una ventaja. En 2015 se pudo reconducir el convenio 7076 del Banco Mundial, y con eso se hizo frente al colector Margen Izquierdo y el Emisario Sur, que colectaría residuos cloacales de 4,5 millones de habitantes. Es una obra macro donde confluirían efluentes cloacales, entendiendo que del 100% de la contaminación que tiene el Riachuelo, más del 90% está dado por estos efluentes cloacales vertidos clandestinamente. En tanto, el 5% está dado por efluentes industriales. Con el colector Margen Izquierdo se daría solución a más del 50% de ese 95% que hoy por hoy se impacta.
FS: – Hay que cortar los vuelcos para seguir avanzando…
LF: – El saneamiento del Riachuelo es algo muy grande, con distintas aristas y contenidos: sociales, económicos, de vivienda, de infraestructura. Y además están los vuelcos. Están involucrados 14 municipios, tres jurisdicciones, una resolución de la Corte y dos juzgados de ejecución. Cuando hablamos de saneamiento y de cuestiones en las que se involucra la salud, son temas complejos. Una de las mayores colaboraciones que tuvo el fallo Mendoza es ir generando progresivamente un mejoramiento en la reconversión industrial. Si bien no está todo hecho, hubo un gran avance. Hoy es necesario que eso no se descontinúe. Debemos abordar el control del efluente.
FS: – ¿Cómo está el tema del financiamiento de la obra?
LF: – La obra tenía un presupuesto de origen. En 2016, se logró reconducir el primer fondeo, y ahora logramos otra inyección de US$ 245 millones para la Cuenca Matanza Riachuelo, en un conjunto de acciones que hacen al saneamiento. Este préstamo se terminó de concretar el pasado jueves 5 de septiembre.
FS: – A medida que crece la distancia de las desembocaduras, el poder de control en relación a los vuelcos les pertenecen más a los municipios. ¿Cómo trabajan en ese sentido?
LF: – Uno de los mitos directos que hay en relación a la fiscalización de ACUMAR tiene que ver con la cantidad de inspectores que tenemos. La realidad es que contamos con 40 inspectores en la actualidad. Además, fortalecimos el área con vehículos e insumos. Parecen pocos inspectores, pero si se conjugan con una debida capacitación y colaboración de los municipales y de los organismos, estamos hablando de muchísimas personas más. Lo importante es no controlar siempre lo mismo, sino hacer lo que hay que hacer. Trabajamos de manera conjunta con los municipios, y avanzamos para determinar el origen de cada problema, así como ocurrió con el caso del mal olor que circuló en la provincia un tiempo atrás.
FS: – ¿Qué evaluación hacen de los trabajos que se hicieron en la Cuenca?
LF: – ACUMAR es un ejemplo de continuidad y de políticas de Estado. A pesar de las problemáticas económicas y financieras, hubo una fortaleza para la coordinación para las obras fuera de la afinidad política. Lo más visible en los trabajos para el Riachuelo es la acción de fondo. Además, hicimos hincapié en limpieza de espejos de agua, gracias a la coordinación con intendentes y la Ciudad de Buenos Aires. Estamos mejorando el camino de Sirga. El avance en estos últimos cuatro años fue muy bueno. Cuando hablamos de saneamiento la gente piensa en el tiempo, pero lo cierto es que el abanico de soluciones que requiere esta problemática tiene que ver con un secreto: concientizar en que esto tiene que ser una política de Estado que debe controlarse cada cinco años mínimo. Es la única forma de poder dar un tiempo preciso para una solución.
