La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el responsable de Minería, Jerónimo Shantal, acompañados por el director de Protección Ambiente, Leonardo Fernández, y la directora de Transición Energética, Nuria Ojeda, se reunieron con las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e Industria de Diputados para exponer los detalles del proyecto para que Mendoza tenga un nuevo Código de Procedimiento Minero.
Jimena Latorre dialogó sobre este y otros temas con Pablo Gago, conductor de Futuro Sustentable, y con Sabrina Pont, columnista de Minería, por Am1220, radio EcoMedios.
Futuro Sustentable: ¿Qué expectativas tienen Mendoza respecto del nuevo Código Minero?
Jimena Latorre: El Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza tomó la iniciativa de plantear una reforma del Código de Procedimiento Miniero de la provincia, que tiene más de 70 años de vigencia. Obviamente, hace 70 años los criterios de sostenibilidad ambiental y de relación con la comunidad no estaban contemplados en nuestra legislación de forma. Y si bien estaba muy claro que la titularidad de los recursos naturales corresponde a las provincias, la facultad para regular los procedimientos de la explotación de esos recursos corresponde a las provincias. Entendiendo la ventana de oportunidad que hay por la demanda mundial de minerales, en particular, de minerales críticos en función de ir hacia una transición energética que demanda no solo el litio, sino, por sobre todo, el cobre, estamos diseñando e implementando una política estratégica en materia de minería. Porque justamente, la provincia de Mendoza tiene que explorar, porque durante mucho tiempo no se ha llevado a cabo minería en la provincia. Hay que explorar para convertir ese recursos en reservas. Lo cierto es que tenemos gran cantidad de minerales críticos en al provincia.
FS: ¿Cuáles son los camabios que darían lugar al desarrollo de la explotación de minería metalífera en la provincia?
JM: Se incorporan muchas facultades de fiscalización y de control de las autoridades de aplicación, no tan solo la autoridad en materia minera sino también la autoridad en materia ambiental, y sobre todo poder hacer efectivos esos controles, porque de nada sirve tener controles y facultades de sanción para que a la hora de aplicarlos, por ejemplo, las multas, que sean irrisorias o que no sean disuasivas de las práticas que se buscan disuadir. Además, no tenemos normativa en materia ambiental y social que incluya las buenas prácticas mineras ni la obligatoriedad de presentar los informes de impacto ambiental.
Parte de lo que queremos cambiar es que en el padrón, muchas de las titularidades de las propiedades mineras ejercen muy poca actividad minera o ninguna. En la provincia tenemos muchas especulación inmobiliaria minera pero poca inversión en minería. Estamos buscando que el cumplimiento de estos requisitos ambientales sea una condición para ver quiénes efectivamente quieran hacer las inversiones y activar esta industria y quiénes solo tienen la finalidad de generar una especulación inmobilidaria.
FS: Para crear este nuevo manual de procedimeinto, ¿se han basado en experiencias de otras provincias, de otros países, o han partido de cero?
JM: La premisa es crear normas claras y estudiar los antecedentes, tomar lo que ha sido exitoso en otros lugares y modificar lo que no ha tenido buenos resultados. En ese sentido, se tomó no solo la normativa vigente -porque no todo el Código Minero de 1845 se ha descartado- , hay normas que se mantienen, otras se actualizan con la experiencia del Código de Procedimiento de Río Negro, que se actualizó hace poco; también de otras provincias que se han ido actualizando en los últimos cinco años como Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan.
También hubo un acuerdo del Consejo Federal Minero (COFEMIN), donde se establecieron cuáles son esos presupuestos y requisitos. Por otra parte, los inversores, principalmente los extranjeros, piden para su seguridad jurídica, que haya legislaciones armónicas con las distintas provincias, para asegurar una inversión a largo y de alto riesgo, como lo son las inversiones mineras.
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