El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un Programa de Gestión de Residuos Urbanos (PGRISU).
Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, debido a que eran los responsables políticos del manejo del programa.
Los acusados son intendentes y exintendentes de ciudades de las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.
Según Bonadio, entre todos cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los $600 millones.
“Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo el juez en el fallo de 347 páginas.
Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez.
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos”, sostuvo Bonadío, y remarcó que “cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”.
El magistrado agregó que tampoco pudieron “explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.
Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
El programa buscaba lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.
