En un nuevo fallo, el Tribunal máximo estadounidense socavó la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para fijar regulaciones que rijan en todo el país contra las emisiones de gases contaminantes. Nuevamente con una sentencia de 6-3 a favor de los conservadores, esta resolución beneficia a las megaempresas mineras y petroleras del país y dificulta las políticas de la Casa Blanca para combatir la crisis medioambiental.
Con un resultado 6-3 (idéntico a las otras decisiones), los jueces conservadores se impusieron y limitaron la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para configurar medidas que regulen la emisión de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.
La sentencia redactada por John Roberts –presidente del tribunal- explica que se consideró que la ley de Aire Limpio no le concedía a la EPA la autoridad para imponer las regulaciones a plantas ya construidas.
La resolución escrita cataloga los límites a la irradiación de dióxido de carbono como “una solución sensata a la crisis de nuestro tiempo” y no anula ninguna restricción concreta, pero critica la potestad de la EPA para constituir esos términos.
En esta tendencia en la que se metió la Corte Suprema, de marginar a los entes gubernamentales y “devolverle” las iniciativas al rubro legislativo, cada Estado podrá levantar sus propias políticas medioambientales.
