El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación envió esta semana la propuesta para incluir dentro de los delitos ambientales a la deforestación ilegal. Las penas irán entre los seis meses y los tres años de prisión, e incluye agravantes que podría elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable.
Así lo confirmó Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. “En 2016 el 50% de los desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos”.
El funcionario se refiere al ordenamiento territorial que establece la Ley de Bosques y que realizó cada provincia realizó en donde se establecen las zonas rojas, que contienen los bosques que no deben sufrir ninguna transformación; amarillas, a los que presentaban alguna degradación, pero pueden ser restaurados, y verdes, a los sectores en los que, con permiso previo, se pueden realizar desmontes.
