La Argentina cuenta con una herramienta fundamental para la protección de bosques, que es la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007 con el objetivo de planificar el uso de estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza.
Sin embargo, su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración.
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2022 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación. En su Artículo 18, determina que se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $ 1.212.415.000 y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $120.000.000. Sin embargo, el presupuesto estipulado corresponde apenas al 3% de lo que debiera destinarse para la protección de bosques si la ley se cumpliera correctamente.
La Ley de Bosques estipula, en el artículo 31, que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0.3% del presupuesto nacional. Ese 0.3% para 2022 debiera ser de 40.009 millones de pesos, una cifra que difiere bastante de los 1.212 millones estipulados en este proyecto. El Fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
La Ley de Bosques modificó el escenario nacional de protección de bosques nativos y visibilizó la problemática y la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Sin embargo, a pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos argentinos sufren grandes modificaciones producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales.
En el “Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331” publicado el año pasado y elaborado por Fundación Vida Silvestre y FARN, se realizó una revisión histórica desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos y se identifican los principales problemas de su implementación, entre los cuales se destacan:
La desfinanciación sistemática de la Ley: desde su sanción no hubo un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece, y la Ley recibió mucho menos del 10% de lo que le correspondería.
Dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN): tanto en su elaboración como actualización, han sido procesos lentos y con deficiencias, que incluyen el incumplimiento de plazos predeterminados por la Ley y fallas en la participación ciudadana requerida.
Falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos: no se han acordado y adoptado oficialmente metas cuantitativas de los objetivos de protección de los bosques nativos, indicadores de desempeño de los instrumentos de gestión, una metodología oficial y única de valorización de los servicios ambientales y sociales que brindan los bosques nativos y una evaluación de los impactos sociales y ambientales.
El 50% de la deforestación es ilegal: si bien con la Ley de Bosques Nativos se ha dado una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina, el 50% de la deforestación fue, en 2018, en zonas rojas o amarillas. Esto es evidencia que parte de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de control y fiscalización bajos, y de sanciones insuficientes por parte de las autoridades competentes.
Pocos Planes de Manejo, Conservación y Formulación: aún es muy baja la superficie de bosques nativos bajo estos planes y existe gran dificultad de acceso a dichos planes por parte de los sectores más relegados y vulnerables, como son los pueblos originarios y campesinos, que viven y dependen del bosque.
Gestión y rendición de fondos: la ejecución y rendición de los fondos por parte de las Autoridades Locales de Aplicación es una cuestión que amerita mejoras urgentes, desde su creación y puesta en marcha el procedimiento se ha ido ajustando a fin de hacerlo más eficiente. No obstante muchas jurisdicciones adeudan en la actualidad rendiciones que dificultan la asignación de mayores fondos por parte de la Autoridad Nacional de Aplicación.
Por su parte, Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, afirmó: “Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión, que no pueden cuidarse con un presupuesto de 1.212 millones de pesos al año. En definitiva estamos pensando que 25 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 2 pesos por mes por hectárea. Lo que venimos pidiendo año tras año es que se cumpla la Ley de manera correcta. Sin el adecuado estímulo financiero, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación”.
Reducir la deforestación también es parte de las soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático.
