Un conjunto de entidades del sector privado presentará en marzo un proyecto de ley de Transición Energética que pondrán a disposición del Gobierno y las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a fin de acelerar las inversiones para cumplir con los compromisos internacionales al 2030, bajar los costos de la economía en general a partir de la limpieza de la matriz e impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo.
El anuncio fue formulado por Marcelo Álvarez, representante del Comité Solar de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), líder de una iniciativa de la que también participaron integrantes de las asociaciones de distribución, generación y transporte y especialistas del área energética de la Unión Industrial Argentina (UIA) y las entidades agropecuarias.
Álvarez alertó que si el país no encara la transición energética, corre el riesgo de enfrentarse a barreras paraarancelarias con un impacto similar al que representó en el siglo XX la aftosa en el sector ganadero.
Álvarez advierte, sobre las posibles barreras paraarancelarias que enfrentaría el país si no lleva a cabo la transición energética, comparando el impacto potencial con el de la aftosa en el sector ganadero en el siglo XX.
El proyecto de ley, liderado por Cader pero respaldado por todo el sector energético, aspira a elaborar una hoja de ruta para una matriz energética y eléctrica aspiracional hasta 2040-2050, con énfasis en los próximos cuatro años, promoviendo la generación de empleo y la reducción de costos a través de una matriz más limpia.
Argentina enfrenta desafíos significativos para 2030 y 2050, especialmente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética, que podrían afectar su competitividad internacional.
El proyecto de ley se estructura en siete capítulos que podrían ser tratados como leyes independientes, abarcando áreas como hidrógeno, movilidad sostenible, diversificación, petróleo y gas, energías renovables, financiamiento e infraestructura de redes.
Los promotores buscan que el documento refleje el consenso del sector privado y esperan que el Parlamento lo considere, aunque reconocen que la negociación política será crucial dada la diversidad de intereses en juego.
