Desde la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), cuestionaron que el Gobierno bonaerense haya presentado un proyecto sin consultarle a los trabajadores, a diferencia de lo que se hizo a nivel nacional.
La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) se declararon en estado de “alerta y movilización” luego de que el gobierno bonaerense presentara la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que busca regular a los fabricantes de envases, sin consensuarla con los recicladores urbanos.
“Cuando una norma no se construye con los trabajadores, es porque generalmente termina siendo muy beneficiosa para las grandes empresas, generadoras de envases en este caso. Es extraño que no se haya articulado con todos los actores de la actividad antes de avanzar con un tema tan discutido desde hace tantos años. Nos enteramos, de casualidad, por una comunicación del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) que presentaron esta iniciativa en el legislativo”, argumentó Ramiro Martínez, titular de CONARCOOP y miembro fundador de la cooperativa de reciclaje Creando Conciencia.
Asimismo, el dirigente aseguró que la actitud del Gobierno nacional fue diferente a la del bonaerense, al presentar de forma reciente en el Congreso una de Ley de envases que sí fue validada por las distintas organizaciones.
“Queremos que se haga lo mismo que ya hizo la provincia en 2013, cuando a la resolución para grandes generadores la planeó junto a las cooperativas de gestión de residuos”, explicó Martínez.
En ese sentido, dijo que teme que en esa jurisdicción se vaya a un modelo como el de otros países de la región, donde hay leyes de envases que establecen que la misma empresa que tributa sea la que luego distribuya los fondos para el reciclado. “En esos casos, se tiende a tercerizar a los cooperativistas para hacer esa labor, transformándolos en empleados de quinta categoría, que no llegan ni al salario mínimo, entre otras cosas”.
Al respecto, concluyó: “En cambio, como lo estamos impulsando a nivel nacional, nosotros queremos una norma que sea inclusiva y con un concepto de distribución de la riqueza”.
