De cumplirse la Ley de Bosques, el monto asignado en 2017 para proteger y conservar los bosques no debiera ser menor a $ 7 millones. Sin embargo, desde la sanción de la norma en 2007, su correcta implementación todavía es una cuenta pendiente. Entre 2010 y 2015 se otorgaron $ 1.239 millones en vez de los $ 14.750 millones correspondientes, lo que implica que se asignó solo el 8,5% de los fondos estipulados por ley.
Por la falta de financiamiento, en la Argentina los bosques nativos están en proceso de degradación por deforestación: desde 1990 se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el equivalente a la provincia de Formosa). Cabe resaltar además que nuestro país está noveno entre 234 países que menos cuidan sus árboles nativos según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y registra una pérdida anual de 180.000 hectáreas de masa boscosa.
La falta de presupuesto impide en gran medida la creación de inventarios forestales y relevamientos de biodiversidad a lo largo del país; el desarrollo de planes para mantener y aumentar el estado de conservación y la capacidad productiva de productos forestales madereros y no madereros; o que se cuente con guardaparques y autoridades de aplicación fortalecidas con recursos económicos para la planificación, monitoreo y evaluación de áreas protegidas públicas y privadas.
“El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, cumpliendo con los compromisos acordados en la Conferencia de las Partes de París 2015 (COP 21) y asumiendo la conservación de los bosques nativos como una política de estado que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras” enfatizan desde FARN y Vida Silvestre.