La Legislatura de Mendoza derogó este lunes 30 la Ley 9.209 que reemplazaba a la 7.722 y que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para darle vía libre a la minería a cielo abierto.
La norma, que había sido impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez ni bien asumió su mandato, desató una convulsión social en la provincia, y para que el clima de tensión no pase a mayores, el mismo mandatario provincial, después que la norma fuera promulgada en el Boletín Oficial el pasado 24 de diciembre, el último viernes decidió dar marcha atrás, y anunció que la iba a derogar.
El proyecto de derogación ingresó en la cámara alta provincial para ser tratado sobre tablas, y los senadores le dieron media sanción, por 34 votos afirmativos, y dos en contra.
Los dos votos en contra son de las senadoras Hilda Quiroga (PJ) y Gladys Ruiz (Cambia Mendoza), ambas representantes de Malargüe, el departamento del sur provincial que es netamente minero.
La legisladora peronista, en su alocución en el recinto, afirmó: “Pedimos solidaridad, somos capaces de hacer minería con los controles de los países más avanzados del mundo”, afirmó.
En tanto, la senadora oficialista, cargó contra el resto del recinto que apoyó la derogación, y citando un pasaje bíblico, sentenció: “Si a Jesús lo crucificaron diciendo que quería salvar al mundo, digo lo mismo que él: ‘Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen'”.
Al tener media sanción por parte de la cámara alta, la norma fue girada a la Cámara de Diputados, para que sea tratada sobre tablas, y tras un debate “exprés”, dio sanción definitiva a la derogación de la “ley minera”, y volver a “fojas cero”, por lo tanto vuelve a regir la Ley 7.722, que ahora debe ser promulgada por el Ejecutivo, y publicada en el Boletín Oficial para que tenga plena vigencia.
La derogación a la Ley 9.209 se votó por amplia mayoría en el recinto, pero contó con tres votos negativos de legisladores del interbloque oficialista Cambia Mendoza, los diputados Guillermo Mosso (PD), Hebe Casado y Gustavo Cairo (PRO), y hubo un diputado ausente.
Afuera de la Legislatura, unas 3.000 personas se concentraron sobre la Plaza Independencia para seguir las alternativas del tratamiento de ambas cámaras para la derogación de la Ley 9.209. Los asambleístas y autoconvocados siguieron el tratamiento a través de altoparlantes.
