En el primer semestre de 2017, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, a través de su Agencia de Protección Ambiental (APrA), inspeccionó 30.908 actividades comerciales, lo que refleja un incremento de casi el 15% interanual. Según el presidente de la APrA, Juan Bautista Filgueira Risso, durante esas visitas se detectaron 5.894 infracciones, un 32.6% más que las 4.445 efectivizadas en el mismo lapso de 2016. “En 218 casos se colocaron fajas de clausura, un 110% más que las 104 del primer semestre del año pasado”, comparó el directivo.
¿Qué representan estas cifras para la Ciudad?, preguntamos a Filgueira Risso.
Son una muy buena noticia, porque hablan del mayor nivel de planificación y eficiencia del sistema de control de la APrA. En ese sentido, actuamos con foco en los lugares más conflictivos. Mientras que las inspecciones aumentaron un 15%, se duplicaron las clausuras. La obtención de información previa nos hace ser más precisos. Y de este modo podemos cuidar mejor a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Airfes (CABA) desde un punto de vista ambiental.
¿Mejoraron las herramientas o los procedimientos de inspección?
Mejoraron ambas variables. Este logro responde al análisis de la información relevada, a la incorporación de tecnología y a la transparencia de nuestros procedimientos. Nos focalizamos especialmente en el tema ruido (hemos detectado muchos bares y restaurantes que utilizaban parlantes por encima de los decibeles permitidos) y en el ámbito industrial (custodiamos que la actividad se dé en un marco de sustentabilidad y cumplimiento normativo). Para que las clausuras se levanten, los infractores deben readecuar las instalaciones y presentar un plan de mejora. No obstante, nuestro rol no es sólo controlar o sancionar, sino también promover políticas públicas de desarrollo sustentable y cuidado ambiental.