El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizaron una reunión de forma remota en la que se declaró la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses en función del riesgo extremo de incendios de bosques y pastizales, y se solicitó la articulación entre las jurisdicciones y el Estado nacional con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención. Además, se recomendó al Poder Ejecutivo nacional replicar la medida para que se habiliten partidas presupuestarias de excepción necesarias para robustecer las acciones.
En este sentido, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, declaró: “Estamos frente a un escenario que puede tender a repetirse de manera recurrente en el tiempo, es decir, un periodo de sequías prolongadas, de corrimiento de las temporadas secas en cada una de las estaciones, de temporadas sin lluvias. Muy probablemente, como resultado del cambio climático, puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año, situación que implica un abordaje muy diferente al que veníamos teniendo hasta ahora”.
Asimismo, el funcionario explicó que en este contexto “que se está instalando en materia ambiental vinculado al fuego” para lo cual será necesario “en un futuro cercano trabajar con un énfasis diferente y más profundo en las políticas de prevención” y declaró: “Las políticas del combate contra el fuego en situaciones climática adversas y con tanto material combustible en el suelo, resultan ineficientes más allá de todos los recursos a disposición que se pongan”, y agregó: “Por lo tanto, la necesidad de trabajar en la prevención es esencial, entendiendo por esta acción, la reducción de las condiciones que favorecen la llegada y la posterior propagación de los incendios una vez que la temporada de fuego ya está lanzada”.
Además, Federovisky detalló el trabajo realizado durante estos dos años en materia del combate del fuego y mencionó: “Desde Nación hicimos un esfuerzo colosal en materia institucional para recuperar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego para el Ministerio de Ambiente y para dotar a ese sistema de los recursos económicos que jamás tuvo ni tendría mediante los mecanismos habituales de presupuesto oficial”.
“Respecto a los medios aéreos estamos adjudicando en los primeros días de enero una licitación por dos años, con una cantidad récord respecto a la cantidad de horas de vuelo, y a las localizaciones de los mismos a lo largo de todo el territorio. Podemos garantizar que, dentro de los recursos que posee el Estado nacional, vamos a tener los medios suficientes. En este momento disponemos de 12 aeronaves en la Patagonia, dos en la zona de la costa atlántica y hemos dispuesto el traslado de dos medios a la zona de Entre Ríos y Santa Fe donde hay dos situaciones no tan complejas pero con algún grado de riesgo”, sumó el funcionario.
“La declaración de la emergencia ígnea es importante porque estamos ante una situación que necesita obligatoriamente de una coordinación de esfuerzos y una conjugación de voluntades para poder enfrentar un panorama muy adverso; la temporada que viene en la Patagonia es complejísima”, finalizó el secretario.
A su turno, el secretario de Ambiente de La Rioja y presidente del COFEMA, Santiago Azulay, detalló: “La necesidad de reunirnos ante esta emergencia para tratar este tema tan acuciante para todo el país y los gobiernos locales, ante un evento de estas características es necesario que todas las jurisdicciones articulemos como cuerpo y tomemos una posición teniendo una acercamiento de primera mano, por eso hoy están presentes Sergio Federovisky y Jorge Heider para que puedan interiorizarse de cada una de las vicisitudes de cuál es la situación real y que nosotros sepamos cómo podemos colaborar desde el Consejo, sobre todo en la actual situación en la Patagonia e incluso en otras provincias como en Santa Fe y Entre Ríos, donde hoy también tenemos focos ígneos activos”.
También se instó al Gobierno nacional a emular la declaración de emergencia para que se habiliten los mecanismos administrativos de excepción y se autoricen las partidas presupuestarias necesarias para robustecer las acciones que se están implementando con el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
