El Gobierno nacional dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2017 el tratamiento impositivo diferencial que recibe la producción de biodiésel, junto con la eximición de gravámenes al biodiésel empleado como combustible líquido en la generación de energía eléctrica.
Así lo impartió a través del Decreto 1325/2016, que brinda continuidad a la política dispuesta a fines de diciembre de 2015, “en el marco del papel trascendental que reviste para el país la incorporación de la energía renovable en la matriz energética nacional”.
Según la norma, “la incorporación de los biocombustibles a la matriz energética nacional continúa contribuyendo a cubrir las exigencias que plantea el incremento de la demanda de combustibles e impulsando el crecimiento del sector agropecuario y de las economías regionales con el agregado de valor a sus materias primas”.
