Tras la última audiencia pública sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresó su preocupación ante la falta de avances en la gestión. “El déficit es absoluto. Específicamente en la atención de la emergencia de la población vulnerable no se ha avanzado más del 22% de los planes previstos en 2010 (cuando el estado de situación era distinto al actual)”, advierte Andrés Nápoli, director ejecutivo de la ONG. A su entender, también faltan instrumentos para el control de las industrias y un plan integral de gestión de residuos. “En definitiva, la nota que para nosotros se lleva la autoridad de la cuenca es un aplazo”, sintetiza.
¿La voz de los vecinos afectados está siendo escuchada en las audiencias?, preguntamos a Nápoli.
No hay que confundir la posibilidad de participar en las audiencias establecida por la Corte con la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Aún la Corte no permitió que la población vulnerable tenga representación en estos últimos. Se trata de un vicio de origen de la causa. Nosotros apoyamos fuertemente el reclamo de los sujetos de relocalización y los ayudamos a participar a través de las mesas de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los defensores oficiales en los juzgados.
¿Cómo se financian las obras de saneamiento en la cuenca?
La sentencia de la Corte le dio a la Auditoría General de la Nación el monitoreo de las cuestiones económicas y financieras del caso. La gran dificultad que vemos es que se trabaja con prácticamente un año de retraso. Hay un enorme conjunto de recursos que salen fundamentalmente del Estado nacional para financiar las acciones de mantenimiento y los planes de infraestructura (como por ejemplo las obras cloacales en el borde del río, con apoyo del Banco Mundial). Pero creemos que hay que ser más eficientes en la asignación de estos recursos, sobre todo teniendo en cuenta que todo el esfuerzo que se pone aquí se deja de poner en otros lados.