La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) anunció la actualización de su normativa vinculada a la fiscalización industrial, los procedimientos y figuras legales asociadas.
A través de la resolución 12/2019, publicada en el Boletín Oficial, ACUMAR simplificará el proceso de control industrial y promoverá el trabajo coordinado con otros organismos de control. Con más exigencias, prevé sanciones que arrancarán en los $5.000 y podrán superar los $6 millones.
Tras varios meses de trabajo en coordinación con los demás organismos de control en la cuenca y con referentes técnicos especialistas en normativa ambiental, el organismo alcanzó una nueva norma que evita superposiciones de autoridades de aplicación y largos tiempos administrativos que dificultaban la gestión de los establecimientos radicados en el lugar.
A partir de ahora, tendrá nuevos procedimientos, definiciones conceptuales y mecanismos de adecuación ambiental que le permitirán un mejor y mayor control sobre los establecimientos radicados en el territorio.
Las sanciones harán que el nuevo régimen sea “más justo y equilibrado teniendo en cuenta parámetros claves como el Nivel de Incidencia Ambiental (un nuevo concepto que le permite a la Autoridad de Cuenta ordenar la real incidencia de los establecimientos sobre el río), la reincidencia, la dimensión del establecimiento y la naturaleza de la infracción”, destacó ACUMAR, al tiempo que aclaró que el pago de las multas, que incluye la posibilidad de cuotas, se destinará en el 60% a mejoras para lograr el cese de la causa de la sanción.
“La nueva norma fortalece y clarifica las funciones de nuestros inspectores dándole la posibilidad de imputar infracciones y aplicar clausuras preventivas que deberán ser analizadas y ratificadas por analistas del organismo. Incluye nuevas figuras legales como el cese de actividades y la remediación ambiental (conceptos que no se encontraban en la legislación anterior) permitiendo mantener actualizados las bases de datos de infractores y evitando del deslinde de la responsabilidad de los pasivos ambientales”, explicó en forma oficial.
Con respecto a los Planes de adecuación, señaló que se establecen tres categorías definidas por su duración -cada una con sus restricciones y especificaciones-, además de posibilitar la presentación de planes aprobados por otras autoridades de aplicación, lo que permitirá llevar un registro pormenorizado de los administrados que lleven adelante estas acciones, reducirá tiempos y costos en la gestión.
Paralelamente, ACUMAR informó que el nuevo régimen de fiscalización crea un Mapa de Alertas, en el cual los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos.
Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma online disponible a toda la población.
