Ciudadanos que históricamente no han reclamado sus derechos y responsables de plantas que ignoran sus obligaciones se entrecruzan en una trama de quejas donde los organismos oficiales no parecen estar demasiado al tanto de sus funciones.
Así lo refleja la nota de investigación que realizó el periodista Alejandro Horvat para el diario La Nación.
Tres frigoríficos cercanos al arroyo Patagonia –que alimenta al Río Reconquista- vierten allí sus efluentes derivados de la faena diaria. “Olor a huevo podrido”, así definen los vecinos tanto de las barriadas humildes como de los barrios cerrados, a los efluvios que llegan desde los tres frigoríficos. Se trata de El Rioplatense (Tigre), Ecocarnes y la Planta Faenadora Bancalari (San Fernando), de los cuales el primer mencionado es el segundo más grande del país. El problema es de larga data.
Estas industrias vierten, de manera directa o indirecta, los efluentes derivados de la faena al Río Reconquista. Se trata de una mezcla de bosta, grasa y sangre que antes de llegar al río atraviesa distintos procesos. Pero el tratamiento de esos desechos no alcanza para eliminar del todo el mal olor. Sin embargo, según pudo saber LA NACIÓN, si bien estas empresas han tenido infracciones, y en algunos casos hasta clausuras, hoy todas están habilitadas para funcionar por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires (OPDS) y cumplen con los parámetros exigidos por la Autoridad del Agua de la Provincia (ADA).
Aunque una ley provincial de hace 44 años obliga a instalar cortinas forestales para mitigar el problema del mal olor, sólo uno de los frigoríficos se ha comprometido recién ahora a cumplir con la norma.
“Hemos exhortado en reiteradas ocasiones a los empresarios en cuestión para que realicen las inversiones correspondientes para mitigar los efectos contaminantes de esa actividad (…). Al momento de la inspección realizada el jueves pasado, todas las plantas de tratamiento estaban operativas”, indicaron fuentes de la ADA.
Por su parte, el OPDS aseguró haber realizado apercibimientos y clausuras como consecuencia de sus inspecciones y monitores, pero no aportó informes que lo corroboren.
La municipalidad de San Fernando señala que su autoridad se limita a temas de seguridad, pero no ambientales. Y la de Tigre admite haber recibido denuncias y haber hecho reclamos todavía en marcha.
Sin duda, un problema multicausal y con múltiples responsables.
