El procurador general de Salta, Abel Cornejo, pidió informes a varios entes sobre la situación de las aguas subterráneas en la provincia, ante “la posibilidad” de que el agua de consumo humano procedente de explotaciones subterráneas “resulte pasible de contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas”, informaron fuentes del Ministerio Público local.
Las fuentes precisaron que Cornejo requirió a la Dirección General de Coordinación Epidemiológica Provincial “explicaciones sobre las políticas de protección implementadas”.
Desde la Coordinación señalaron que “no poseen registros sobre aguas subterráneas” y que “sólo cuando existen casos puntuales de foco de patologías hídricas coordinan tareas con Aguas del Norte (Cosaysa), que es la empresa proveedora de agua potable”.
Asimismo, el organismo afirmó que realiza el “control sistemático” sobre aguas envasadas.
La Procuración pidió además informes a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia sobre su “desempeño en la concesión de usos especiales de aguas subterráneas y su monitoreo, los sancionados por generar efectos dañosos sobre las aguas y sobre la obligación de hacer un inventario actualizado anualmente que establezca su grado de contaminación”, conforme exige el Código de Aguas local.
La autoridad hídrica contestó que “no cuenta con la información de mapas de vulnerabilidad de acuíferos por falta de infraestructura”.
Además, informó que está “comenzando realizar mapas de calidad de agua con datos disponibles por regiones y en base a la concentración de algunos elementos físicoquímicos”.
“Los entes tienen el deber de realizar la clasificación y mapeo de las aguas subterráneas en relación a su vulnerabilidad, ya que es una obligación que pesa sobre sus autoridades desde la entrada en vigencia del decreto 3.097 en el año 2000”, destacaron los voceros de la Procuración.
Tras el análisis de estos informes, el procurador general decidió ampliar el pedido y se dirigió al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), a fin de que “detalle la explotación subterránea de acuíferos para extracción de agua para consumo humano”.
También solicitó información sobre la “vigilancia sistemática realizada sobre su cantidad y calidad” y “especialmente sobre contaminación con vectores de enfermedades gastroentéricas y las políticas de protección implementadas”, pero en Enresp aún no respondió.
Ante la falta de implementación de los instrumentos de control detectados, el procurador requirió la intervención del Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta.
Con los resultados de los exámenes solicitados, la Procuración determinará los pasos a seguir para “conocer fehacientemente el estado de potabilidad de las napas subterráneas de la provincia” y las “posibles consecuencias ante el incumplimiento de la normativa vigente sobre la información requerida”.
