Representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigieron 13 nuevos impuestos ambientales como parte de una “profunda reforma fiscal”.
El pedido de las principales ong ecologistas incluye gravámenes para la caza, plaguicidas, vertidos e incineración de residuos, ganadería intensiva o esquí alpino, entre otros, para trasladar los costos ambientales a los responsables de actividades económicas impactantes en el medio ambiente.
La idea, según explican, es que ayuden a reducir desequilibrios sociales y que, paralelamente, se bonifiquen las buenas prácticas ambientales.
En un documento que presentaron en conjunto al gobierno español, las organizaciones consideraron necesario definir tres bloques fiscales.
El primero, acerca de la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes como el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades, los impuestos sobre hidrocarburos o el canon del agua.
El segundo, para la creación de nuevos impuestos que incluye además el cambio de usos del suelo, sustancias de “elevado nivel de preocupación” como las carcinógenas o tóxicas, extracción de aguas subterráneas, envases no reutilizables, actuaciones en suelo rural, actividades extractivas mineras, el carbono o la pernoctación turística.
Y el tercero, será acerca de la regulación sobre haciendas locales, incluyendo la tasa de residuos, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas, entre otros.
