Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial forman parte importante en la construcción de la licencia social. La importancia de estos permisos sociales formó parte del AmCham Energy Forum: el futuro es ahora, con la moderación de la directora de Noticias Argentinas, Laura Ojeda.
Bajo la consigna “Construyendo puentes hacia la licencia social: operaciones responsables en la industria energética”, el concejal e intendente electo de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez; la presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón Marina Sánchez Herrero y el fiscal general de la Provincia del Neuquén, José Gerez, abordaron los aprendizajes que dejaron las experiencias de Vaca Muerta y la exploración offshore en las costas bonaerenses.
“La licencia social es la búsqueda del consentimiento de la ciudadanía por llevar adelante una política pública por parte del Estado, de un privado o de ambos”, comenzó Sánchez Herrero, quien subrayó el trabajo realizado desde el Concejo Deliberante de Mar del Plata para institucionar el debate alrededor de la actividad offshore a partir de la realización de una audiencia pública “que buscó unificar en un único ámbito todas las voces”.
“Hay dos desafíos puntuales (en la licencia social) que es prepararnos jurídica y socialmente para una política de transformación energética que sea sostenible en el tiempo. Preparar nuestros marcos normativos a los estándares internacionales y que tiene que ver con seguridad jurídica. En el plano social hay que preparar a la sociedad por el impacto de las transformaciones y actividades. En particular en Mar del Plata con actividades que no le son propias. Socialmente lo que tenemos que hacer es generar verdaderas convicciones para construir futuro”, sintetizó.
Por su parte Gonzalo Núñez, quien asegura que ya comenzó a trabajar en la transición hacia la intendencia de San Patricio del Chañar, explicó la importancia de alcanzar consensos con la población, en especial en lugares donde una actividad produce una transformación tan importante como ocurrió en su localidad. “La explotación de hidrocarburo ha cambiado la economía. La licencia social se trabaja bastante en Chañar pero tenemos claro que nos ha cambiado mucho la matriz productiva. En los últimos 10 años tuvimos un crecimiento demográfico del 66%, el más alto del país, y nos toca trabajar esa licencia social”, dijo.
La rol de la justicia también quedó manifestado. “Nosotros intervenimos cuando la licencia social no está tan clara”, explicó José Gerez, fiscal general de la provincia de Neuquén. “El principal desafío es gestionar la conflictividad vinculado al desarrollo de la actividad energética. Involucra tanto a actores vinculados con la actividad como a otros que no lo están como gremios, comunidades indígenas, vecinos, mediante la utilización de herramientas que faciliten el diálogo para generar acuerdos que brinden soluciones definitivas en el tiempo atendiendo a la armonía y a la paz social”.
Gerez precisó que el rol desde el Ministerio Público es reestablecer la confianza que generó el conflicto. Por otro lado llamó a la legitimación y el consenso de los espacios de diálogos y a que la solución sea integral a los conflictos.
La construcción de una licencia social es en la actualidad clave en el proceso de proyectos productivos energéticos. Un proyecto que goza de licencia social es un proyecto que de alguna manera tiene asegurada su continuidad y en este sentido el sector privado, comunidad y los gobiernos tienen un alto nivel de responsabilidad en la construcción de la misma, desde ese punto de vista el panel dejó sus propias experiencia y recomendaciones.
Texto y Foto: Noticias Argentinas