El derrame de Barrick Gold en San Juan se suma a 1.500 causas ambientales judicializadas

El derrame de cianuro protagonizado por Barrick Gold en su mina de Veladero, San Juan, se suma a unas 1.500 causas ambientales judicializadas. Así informaron desde la Unidad Fiscal de Investigación en Materia Ambiental (Ufima).
Actualmente, quien investiga el siniestro es el juzgado de Jáchal, al tiempo que el Juzgado Federal Criminal Correccional 7 de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por el juez Sebastián Casanello, tiene a su cargo la responsabilidad que compete a los funcionarios con atribuciones en materia ambiental.
“Cuando ocurrió el siniestro, la fiscalía en materia ambiental inició una investigación que forma parte de 1.500 investigaciones iniciadas por la Ufima”, afirmó una fuente del organismo a Télam.
En este sentido, es importante repasar que, hasta 2005, las causas iniciadas dentro de la competencia de residuos peligrosos y delitos tóxicos eran entre 160 y 180. Creada en 2006 y liderada por el fiscal Ramiro González, la Unidad se nutre tanto de denuncias que llegan de organismos públicos que controlan la responsabilidad administrativa a través del mail de su página, como de denuncias iniciadas de oficio por medio de una alerta informativa.
En el caso de Veladero, se realizaron diversas denuncias en San Juan y Buenos Aires, donde quedó radicada una por “incumplimiento de funcionario público” en la que González actúa como fiscal del juzgado de Casanello. Esta intervención, de todos modos, está siendo actualmente discutida en el juzgado de San Juan.
“La Corte Suprema de Justica está dirimiendo si somos competentes nosotros, cosa que sostenemos que sí lo somos para intervenir en la responsabilidad de los funcionarios nacionales o provinciales con competencia en el lugar”, sostuvo la fuente de la fiscalía. Esto sucede porque hay funcionarios con jurisdicción en el ámbito nacional (como el área de Minería o la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) que están imputados desde el inicio de la investigación. “No puede quedar la responsabilidad en manos de un juez provincial, sencillamente porque escapa a la competencia propia del territorio”, argumenta.
Paralelamente, también hay funcionarios provinciales, pertenecientes a la Secretaría de Ambiente sanjuanina o a su Ministerio de Minería, que también están imputados en la causa que lleva adelante el juez Casanello.
La fiscalía está haciendo una reconstrucción a través de distintas pericias con organismos, muchas de las cuales se originaron con intervención de la Ufima. En este sentido, fue dentro de esa competencia es que se inició una investigación preliminar. Luego, cuando esta corroboró que la causa ya estaba judicializada en distintas etapas, reportó esas pruebas a tanto a los expedientes de San Juan como a los del Juzgado Federal en Buenos Aires.