Cerca del vencimiento de la actual norma, se debate en el Congreso nacional un nuevo proyecto de ley para los biocombustibles que debería entrar en vigor a partir del 12 de mayo. Mientras el porcentaje de corte con bioetanol para las naftas se mantiene en el nuevo proyecto, se reduce a la mitad el de biodiesel para el gasoil o diésel oil.
Contrarreloj, crece la expectativa entre los refinadores de petróleros y los productores de biocombustible por la presentación en la Cámara de Diputados del nuevo proyecto de ley del Frente de Todos para reemplazar la Ley 26.093, que rige desde 2006 y vence el próximo 12 de mayo.
El oficialismo cree que logrará aprobar un dictamen por la mayoría. En este camino, quedará desestimada la prórroga de la ley hasta 2024 que fue votada por unanimidad en el Senado antes de fin de año y que parte de los Diputados -oriundos de provincias productoras de etanol de maíz y de biodiesel de soja- buscaron sin éxito sancionar a fines de marzo.
La nueva iniciativa lleva la firma de 14 diputados del Frente para la Victoria -encabezados por el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, el mendocino Omar Félix, y el autor del texto, el santafesino Marcos Cleri – y uno del PRO – el tucumano Domingo Amaya-.
Según se estipula en el artículo 24 del proyecto -consta de 25 en total-, “entrará en vigor a partir del 12 de mayo de 2021. En los primeros artículos, se establecen los lineamientos generales del marco regulatorio y fija un plazo de duración hasta 31 de diciembre de 2030, que el Poder Ejecutivo podría extender por única vez por 5 años una vez vencido.
Con la normativa vigente, se fijaba el corte del gasoil y las naftas con biodiesel y bioetanol con 10% y 12%, respectivamente. Este último porcentaje de corte para las naftas se mantiene en el nuevo proyecto, pero para el gasoil o diesel oil se propone bajarlo a un mínimo de cinco por ciento (5%).
Asimismo, el proyecto agrega la facultad a la autoridad de aplicación para reducirlo al 3% el corte del combustible a base de soja “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien ante situaciones de escasez de biodiesel”.
Por otra parte, en cuanto al bioetanol, la nueva normativa hace una distinción para los casos que es producido en base a caña de azúcar y para los que se elabora en base a maíz. Para estos últimos, pone como tope que la mezcla con la nafta solo será de un seis por ciento (6%) que podría bajarse a un tres por ciento (3%), según lo requiera la autoridad de aplicación, del mismo modo que se dispone con el biodiesel.
En tanto, para el bioetanol que se hace con caña de azúcar, el mínimo de seis por ciento (6%) se plantea de la misma manera, pero no se otorga la facultad de bajarlo salvo casos de escasez general y comprobada.
Con el nuevo proyecto, la autoridad de aplicación seguirá siendo la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, que será la que establezca y modifique los porcentajes de mezcla mínima obligatoria de los biocombustibles con gasoil o nafta y garantice su cumplimiento.
Asimismo, mantendrá la facultad de “determinar y publicar, en el segmento de empresas pertinente y con la periodicidad que estime corresponder a la variación de la economía, los precios a los cuales deberá llevarse a cabo la comercialización de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles”.
Según el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, el proyecto mantiene la actividad pero, a su decir, “define cortes y precios en función de la realidad de hoy”.
“Hemos ido a exponer nuestra visión a la Cámara baja, sobre cómo creemos que tiene que ser el nuevo régimen, que tenga en cuenta a la actividad, que proteja a las pymes, que proteja sobre todo el corte de azúcar porque es fundamental para el desarrollo de determinadas regiones, pero también que entienda cuál es el nuevo contexto internacional y el nuevo concepto sobre la transición, 15 años después”, apuntó en el marco de una charla virtual que organizó el Club del Petróleo a mediados de abril. “El primer régimen fue muy bueno pero que fue pensando cuando todos nuestros campos estaban maduros, cuando no teníamos a Vaca Muerta como una posibilidad cierta. Hoy tenemos otras posibilidades y otras potencialidades”, añadió.
La iniciativa del bloque kirchnerista propone también crear la “Comisión Especial de Biocombustibles”, que según se detalla en el texto del proyecto “tendrá por finalidad el estudio y análisis de las posibilidades del sector, la consulta con todos los actores involucrados, así como la formulación de propuestas y proyectos para la industria”.
Se propone que la comisión esté presidida por la autoridad de aplicación y que participen los Ministerios de Economía, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Productivo, Ambiente, Agricultura. La propuesta también plantea que la comisión sea asistida por un “Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles”, quien tendrá la función de la elaboración del “Plan Estratégico para el Desarrollo de Biocombustibles en Argentina”, con el fin de impulsar en forma integral y sistémica el desarrollo de biocombustibles en el país.
Por otra parte, un apartado importante del proyecto se incluye en los artículos 16 y 17, donde se plantea el establecimiento de un régimen de “Sustitución de importaciones”.
En el mismo se expresa que un objetivo estratégico de la producción de biocombustibles es la sustitución de combustibles importados con la finalidad de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo. A tal efecto, se otorgan a la autoridad de aplicación diversos instrumentos a los fines de cumplir estos objetivos.
Voces disidentes
Para los productores de los combustibles verdes la propuesta debe ser desestimada. “Porque reduce el porcentaje de mezcla obligatoria entre combustibles fósiles y biocombustibles en abierta violación al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, que fuera ratificado por Ley 27.270, y prescripto también en la Ley Nacional Ambiental 25.675”, detalló el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina.
“Además, soslaya importantes informes científicos, como uno reciente publicado por la Universidad de Harvard, donde se confirma la existencia de millones de muertes anuales en el mundo, por exposición a los combustibles minerales. En definitiva, esta propuesta atenta contra el ambiente y la salud de los argentinos”, completó el referente del sector.
Asimismo, para Molina el nuevo proyecto no debería ser votado como ley porque además otorga amplias y discrecionales facultades a la autoridad de aplicación, como la posibilidad de bajar los contenidos mínimos de biocombustibles en las mezclas, o de intervenir en el mercado de aceites, maíz, azúcar, o de fijar precios que podrían no ser representativos de los costos de producción.
En tanto, un grupo de exsecretarios de Energía, entre los que se enlistan Emilio Apud, Julio César Araoz, Alberto Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco, manifestaron su preocupación en relación al tema porque “no se ha producido un debate amplio sobre la evolución de la política de Estado de los biocombustibles”. En ese sentido, los expertos proponen “prorrogar la Ley 26.093 por un año a partir del 1 de Mayo del 2021 de manera de tener un lapso de tiempo, alejado del calendario electoral, para desarrollar una discusión amplia y madura sobre las directrices estratégicas que gobernarán a los biocombustibles en el futuro”.
“Las ventajas ambientales de la huella de carbono de estos productos respecto a los combustibles fósiles están probadas. A su vez, la mezcla del bioetanol con la nafta favorece el octanaje del derivado petrolero, y la del biodiesel con el gasoil reduce el porcentaje de azufre del producto final”, fundamentaron los exsecretarios.
Texto: Sabrina Pont
