Un informe de la ONG británica Global Witness señaló que al menos el 60 % de la madera extraída en la última década de Loreto y Ucayali, las dos mayores regiones productoras de madera de Perú, era de origen ilegal al haber sido talada de zonas no autorizadas.
En su estudio titulado “El justiciero forestal”, que dio a conocer la Agencia Efe en Lima, la organización indicó que ese mercado mueve unos US$ 112 millones al año.
El informe reveló que la madera ilegal de la Amazonía peruana “se lava” para darle una apariencia de “origen lícito a través de diversas modalidades”. Entre esas artimañas está la tala de árboles en áreas destinadas para la población local como las comunidades indígenas y la falsificación de la ubicación de árboles para inventar troncos inexistentes dentro de las concesiones forestales autorizadas.
Asimismo, se refirió a la confabulación de los madereros con los Gobiernos regionales, encargados de aprobar esos documentos donde se falsifica la información y de cambiar el uso del suelo, que permite deforestar áreas y dedicarlas a actividades agrícolas a fin de declarar falsamente que la madera provino de allí.
En ese sentido, Global Witness advirtió de que la independencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) de Perú, ente dedicado a detectar y denunciar la tala ilegal, ha sido debilitada por recientes decisiones del Gobierno peruano, dado que decidió que esté adscrito al Ministerio del Ambiente y no a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mientras que anteriormente optó por que su presidente sea elegido por designación directa y no por concurso público.
Global Witness consideró fundamental que el Osinfor vuelva a actuar de manera efectiva porque en la última década ha revelado que se han talado ilegalmente al menos 2,5 millones de metros cúbicos de madera y que los madereros han falsificado más de 133.300 ubicaciones de arboles.
“Es absolutamente esencial que se devuelva la independencia al Osinfor, que se amplíen sus competencias y que se aumente su presupuesto adecuadamente para permitirle hacer frente a las nuevas formas de blanqueo de madera que están surgiendo”, afirmó Laura Furones, líder de campaña de Global Witness.
Asimismo, la ONG hizo un llamamiento a los gobiernos de Estados Unidos, China y la Unión Europea (UE), principales importadores de la madera peruana, para garantizar que Perú cumple sus compromisos de comercio justo.
También emitió una advertencia a los gobiernos de Noruega y Alemania, principales financistas para la conservación de bosques en Perú, para que se aseguren de que de las autoridades peruanas destinan y ejecutan eficazmente los fondos recibidos.