Bergman anunció controles más severos y eficientes contra la contaminación

Nuevas medidas de fiscalización serán implementadas, en busca de una mayor eficiencia y transparencia para los operativos de control a las industrias y empresas que desarrollen actividades que impliquen riesgos para el ambiente. Así lo advirtió el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, en la apertura del I Seminario de Seguro, Control y Monitoreo Ambiental, realizado el miércoles en el Hotel Hilton.
Este fue el escenario, por otra parte, en que se firmó un Acuerdo Interjurisdiccional de Asistencia Técnica y Cooperación Recíproca en Materia de Fiscalización y Control, a partir del cual la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires se proponen mejorar el intercambio de información, optimizar las tareas de control y monitoreo, y alcanzar resultados de manera más rápida y eficiente en la lucha contra la corrupción. Consistentemente, el acuerdo fue firmado por Bergman, Luis Inglese (presidente de AySA), Julio Torti (vicepresidente de Gestión Ambiental de Aumar), Ricardo Pagola (director ejecutivo del OPDS), Juan Bautista Filgueira Risso (presidente de APrA) y Pablo Rodrigué (presidente de ADA).
Ante más de 600 asistentes, Bergman afirmó: “Este acuerdo es histórico porque es la primera vez que las jurisdicciones están alineadas en un solo tipo de protocolo inspectivo, una sola manera de formar a los inspectores. No hay superposición ni contradicción entre las normativas y los procedimientos de inspección en estas jurisdicciones. A los ciudadanos les va a traer una gran tranquilidad, porque van a saber que hay quienes están inspeccionado y están controlando; que el origen de toda actividad productiva no es de por si malo, pero su práctica puede ser peligrosa. Y que si hay alguien que mira y controla, que es la función del Estado, la ciudadanía está cuidada”.
En ese sentido, el ministro sostuvo que la política ambiental y de desarrollo sustentable se inscribe en una política de derechos humanos, que tiene en cuenta la dignidad de las personas. “Si a la casa común no la cuidamos entre todos, no la va a cuidar nadie –dijo-. El presidente Mauricio Macri nos instruyó para seguir esta línea de acción: el que contamina, paga. Pero no paga discrecionalmente lo que alguien le fija de manera criminal; lo que no paga más son coimas, arreglos o atajos. Queremos invertir nuestros recursos para que nadie esté sometido a ninguna discrecionalidad ni arbitrariedad, sino al correcto proceder, que establece que además de que cada uno haga su actividad, que pueda trascender”.
Presente en el encuentro, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Javier Ureta Sáenz Peña, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y el sector privado, al tiempo que lamentó la ausencia de políticas anteriores. “El Estado no estuvo presente; dejó que privados decidieran a dónde va nuestra política ambiental. Por eso, fue fundamental iniciar nuestra gestión con horas de diálogo con la industria, para que se pudiese entender a dónde queremos ir”, señaló.
Paralelamente, durante el evento se dieron a conocer las modificaciones en materia de los seguros ambientales que se les exige a las empresas como herramienta financiera obligatoria para proteger al patrimonio frente a un posible siniestro.
“Debemos asegurar dos parámetros: terminar con los monopolios, que se transforman en prácticas que no debemos aceptar ni asumir, y dejar de utilizar la palabra ‘seguro’ como sinónimo de tasa cautiva, para regular con claridad, previsión y de manera proactiva cómo hacemos para que el sentido de los seguros ambientales cumpla con su cometido”, apuntó el ministro.
En este camino, el Ministerio está trabajando junto con todos los sectores involucrados, como la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAIPTA), la Unión Industrial Argentina (UIA), las Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) para repensar distintos aspectos del seguro ambiental, que es uno de los requisitos que establece la Ley General del Ambiente (25.675) para aquellas industrias o empresas de servicios que lleven adelante actividades riesgosas para el ambiente. Es una herramienta financiera obligatoria que protege al patrimonio frente a un posible siniestro, ya que asegura una respuesta que permita reparar el daño ambiental ocasionado.