Para retomar el debate sobre la modificación de la Ley de Impacto Ambiental conversamos con Samanta Rausch, coordinadora de la Clínica Jurídica de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entidad que envió a las comisiones de Ambiente y Justicia de la Legislatura porteña un documento con observaciones en la materia. “El proyecto omite incorporar elementos de vital importancia”, cuestionó la especialista.
¿Cuáles son los principales cambios que plantea la propuesta?, preguntamos a Rausch.
La nueva norma suma el concepto de Evaluación Ambiental Estratégica, un instrumento que ya está presente en la Ley de Glaciares. Nosotros vemos esto como algo importante, el problema es que no define a qué tipos de actividades se apunta, dejando la decisión librada a la autoridad de aplicación. Otra de las revisiones previstas es que todas las obras preexistentes a 1998, que es cuando se implementó la ley, no requerirán audiencias públicas para consultar a la ciudadanía sobre eventuales modificaciones en las mismas. Por ejemplo, la ampliación o el cambio de rubro de una industria.
¿Puede decirse que, en lugar de subir, se reducen los estándares ambientales?
Sí. Disminuyen las instancias de participación ciudadana y, como indican algunos colegas, se fomenta una suerte de “blanqueo de obras ilegales”. La Evaluación Estrategica permite una proyección a futuro y tiene un componente de planificación social relevante. Pero si no la introducimos de manera integral, especificando cuándo instrumentarla y qué tipos de actividades son susceptibles de su instrumentación, es lo mismo que nada.
