A fin de optimizar los estándares vigentes de evaluación de impacto ambiental, la provincia de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) promueven un nuevo proyecto de Ley de Licencia Ambiental. Al respecto conversamos con Patricia Marino, socia de la consultora especializada Intergeo y miembro de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA). “Es muy buena la idea de revisar la legislación y convocar a todos los sectores involucrados en la normalización y la ejecución de los estudios”, opinó.
¿Cuáles son los actores convocados y con qué fines?, preguntamos a Marino.
Básicamente son las ONG’s, los profesionales del área y todas las autoridades del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). La intención es intercambiar experiencias sobre las evaluaciones de impacto ambiental. En una primera jornada el foco estuvo puesto en la actualización de varios puntos de la norma. En el segundo día de la convocatoria, en tanto, celebramos un workshop o taller con exposiciones y trabajos de simulación sobre la posible anulación y/o incorporación de algunos conceptos vertidos en la materia.
¿Para qué sirven las evaluaciones de impacto ambiental?
Se trata de un instrumento que permite conocer el impacto de toda actividad en su entorno biótico (incluyendo al ser humano, la flora y la fauna). Si bien en esta evaluación hay un componente social, el mismo está limitado a un radio muy circunscripto al proyecto. Por ambigüedades en la norma, algunas cuestiones no están muy claras, sobre todo en proyectos de mediana y alta complejidad. Es por eso que estamos discutiendo modificaciones. Y además creemos necesario incorporar otro instrumento (que ya viene siendo muy usado en otros países): la evaluación ambiental estratégica. Gracias a esta instancia, que está por encima de la evaluación de impacto ambiental, podemos delimitar claramente qué actividades (y cuántas) son viables en cada región.
