El Coordinador Residente de la Organización de las Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y su equipo finalizaron el pasado viernes una misión a la provincia de Salta con el fin de evaluar el plan de respuesta humanitario internacional a la emergencia socio-sanitaria, así como intercambiar con autoridades provinciales, referentes de organizaciones de sociedad civil y miembros de comunidades indígenas respecto de avances en la zona afectada.
La visita también estuvo orientada hacia las diferentes iniciativas que Naciones Unidas Argentina desarrolla en la provincia, previo a la emergencia, entre las cuales se encuentran acciones sobre prevención de la violencia contra las mujeres, atención de primera infancia, preservación de la biodiversidad, construcción y gestión de infraestructura, derechos sexuales y reproductivos, respeto y promoción de derechos humanos, con foco en las poblaciones en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, migrantes y personas refugiadas, entre otras.
Durante la visita llevada a cabo entre el 23 y el 27 de agosto, el equipo de Naciones Unidas Argentina recorrió las ciudades y parajes de Salta, Orán, Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este, donde sostuvo intercambios con autoridades gubernamentales de máximo nivel, referentes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas con el objetivo de analizar el conjunto de avances, desafíos y problemáticas de la zona.
El Coordinador Residente destacó el esfuerzo del Estado a nivel a nacional y provincial, así como de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta a la emergencia. Se han desarrollado estrategias para combatir de la desnutrición aguda con programas e inversiones sobre acceso al agua, y movilización de recursos y alianzas públicos-privados. Todo a ello ha permitido reducir los fallecimientos por causas asociadas a la desnutrición. La misión de las Naciones Unidas resaltó que si bien los avances y esfuerzos han sido significativos, existen cuestiones estructurales que constituyen grandes desafíos, por lo que es preciso abordarlas de manera urgente, conjunta e intersectorial.
“En general lo que hemos visto es un contexto en el cual poblaciones indígenas pero también criollas viven en situación de pobreza extrema o indigencia. Las poblaciones indígenas nos han informado que se sienten profundamente discriminadas, no sólo en el acceso a servicios y derechos básicos, pero también discriminadas por agentes del Estado en los ámbitos educativos, de salud y de seguridad,” afirmo Roberto Valent.
Para los pueblos indígenas de la zona, los servicios públicos constituyen la única opción de accesibilidad en materia sanitaria, los cuales dada la escala de la problemática, son insuficientes e inadecuados.
En los tres departamentos viven más de 350 comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza, sin mayores posibilidades de empleo ni medios de vida sostenibles, dependientes de programas sociales que no cubren todas sus necesidades básicas ni a todas las personas que requieren de asistencia social, con viviendas precarias, sin acceso a agua segura ni saneamiento y con limitaciones de acceso a los servicios de salud.
Se advirtió la necesidad de fortalecer la planificación estratégica, monitoreo y evaluación de los planes de intervención, así como la articulación entre los distintos sectores, en consulta con las poblaciones afectadas. A la par de la distribución de agua, resulta clave avanzar en soluciones permanentes en materia de agua, saneamiento e higiene, realizar intervenciones urgentes en atención al prolongado período de sequía. En este contexto, se ofrece la articulación y dialogo con el gobierno nacional para generar soluciones a largo plazo.
Acelerar el proceso de titulación de tierras, focalizar en políticas de desarrollo económico local, con participación de los pueblos indígenas y posibilidades de empleo, entre otras, podrían ser claves para modificar el contexto actual.
Otra de las cuestiones que se repitió como demanda durante las reuniones con representantes de las comunidades indígenas fue la necesidad de implementar la consulta previa, libre e informada en todos aquellos asuntos que les afecten, de acuerdo a lo establecido por los estándares internacionales de DD. HH.
También, han observado que en algunas de las comunidades visitadas, las personas indígenas con discapacidad, en especial mujeres y niños, experimentan múltiples formas de discriminación, por lo que es necesario que se tomen medidas que aseguren el acceso a sus derechos básicos.
La provincia de Salta declaró, el 29 de enero de 2020, la emergencia sociosanitaria en los Departamentos de Orán, Rivadavia y General San Martín debido a la grave crisis que atravesaba la región manifestada por cuadros de desnutrición e inseguridad alimentaria o enfermedades asociadas a ella.
Alertados por la situación, se emitió un comunicado conjunto del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina, UNICEF, OMS/OPS y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en el cual se expresó la preocupación por el fallecimiento, y el grave estado de salud y nutricional de niños wichí en territorio salteño.
Se realizó una primera misión de nivel estratégico el 6 de febrero de 2020 en Salta, encabezada por el Coordinador Residente de Naciones Unidas, junto con la Representante de UNICEF, la Representante de OPS/OMS, funcionarios de ACNUDH, el Representante de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), el Presidente de la Cruz Roja Argentina y el Responsable de Cooperación de la Comisión Europea.
En este sentido, el Gobierno, con apoyo de Naciones Unidas Unidas y los socios humanitarios, elaboró el Plan de Respuesta de emergencia socio sanitaria.
La Oficina del Coordinador Residente, con el apoyo de socios humanitarios que integran la Red Humanitaria Internacional Argentina (RHIA) se identificaron las necesidades humanitarias prioritarias detectadas en el plan: falta de acceso a agua de cantidad y calidad suficiente, sumado a condiciones inadecuadas de saneamiento e higiene, lo cual genera un ambiente propicio para la transmisión de bacterias y virus que generan infecciones; deficiente ingesta de alimentos y micronutrientes que determinan el estado nutricional y la fragilidad del organismo de niños y niñas; limitaciones en el acceso a los servicios de salud (ubicación dispersa, falta de transporte oportuno en caso de emergencia, rechazo cultural respecto a los servicios, entre otros); y un débil ejercicio de derechos en un marco institucional que no favorece la participación libre e informada en las políticas que les afectan a las comunidades indígenas, además de situaciones de violencia basada en género que no son abordadas suficientemente.
A la grave crisis regional, se sumó́ la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19, que llevó al Gobierno nacional a declarar medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que conllevan una serie de restricciones de alcance general y el reordenamiento del sistema sanitario. Como a otros sectores afectó sensiblemente la caída de ingresos en los integrantes de las comunidades, principalmente por la paralización del empleo agrario, construcción, servicios domésticos, artesanías, etc.
Se manifestó, también, en materia de educación una enorme brecha digital, la falta de conectividad o de los equipos necesarios, que hizo imposible la virtualidad promovida.
