La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y La Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina expresaron su preocupación y emitieron sendos comunicados, ante la presentación del informe de los intendentes peronistas bonaerenses reclamando la caducidad de la concesión de Edesur, empresa que brinda servicios a 12 partidos bonaerenses y a la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la CAC señalan en su comunicado que “El respeto por la propiedad privada y la normativa vigente son elementos claves para fomentar la inversión productiva, materia en la que Argentina registra un rezago notable y que es un pilar fundamental de los procesos de crecimiento de las naciones. Es por ello que aquellas acciones tendientes a incumplir los contratos resultan negativas no solamente para las partes directamente perjudicadas sino también para el conjunto de la Nación, que de este modo se aleja del progreso económico y social al que aspira”.
“Ante los reiterados cambios en materia regulatoria que afectan al sector eléctrico, se impone un proceso de negociación que no afecte la seguridad jurídica. La CAC aboga por que sea el diálogo el canal para la resolución de las diferencias, procurando lograr una adecuada prestación del servicio para el público usuario y el pleno respeto de los derechos de la empresa concesionaria”.
Por su parte desde La Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina expresan “Una fuerte preocupación con respecto a la información que en los últimos días está circulando, según la cual se podría revocar la concesión y estatizar a la empresa Edesur, perteneciente al grupo italiano Enel, cuyo principal accionista es el Estado Italiano”.
“El compromiso de Edesur con la prestación de un servicio de calidad en las comunidades donde opera, que incluyen las áreas más críticas y vulnerables del conurbano, ha sido ampliamente demostrado con 720 millones de dólares de inversión en los últimos 4 años, destinada a optimizar la red de tendido eléctrico, incluyendo obras de re-potenciamiento de 10 subestaciones, 359 centro de trasformación, 1.032 telemandos y 1.100 km de red en la Provincia de Buenos Aires. Como resultado de las obras, desde 2016 a la fecha se han reducido los cortes de energía en un 40%”, indicaron.
Y plantean que “A pesar de todo lo hecho, queda por resolver –como señalado por la empresa en reiteradas ocasiones- el problema estructural de las 81 bocas de expendio en las que es necesario que las autoridades municipales normalicen los barrios carenciados, que además adeudan su consumo desde el año 2011, por un monto que asciende a los 3.000 millones de pesos, que con el congelamiento tarifario reducirá las posibilidades de la empresa de encarar nuevas inversiones”.
La Cámara Italiana remarca que “está firmemente convencida de que se debe respetar la seguridad jurídica, cumplirse los compromisos contractuales y las concesiones otorgadas por el Estado, y buscar soluciones que apunten a la sostenibilidad económica, actual y futura; siendo además estas condiciones, necesarias para atraer inversiones extranjeras, una pieza fundamental para la reactivación y el crecimiento sostenido del País, más aún en el marco de la crisis mundial causada por el Covid-19”.
