Empresa chilena creó un “megabasurero” de residuos mineros en suelo argentino

Una minera chilena, instalada a pocos kilómetros de la frontera con la Argentina, creó una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó alrededor de 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Se trata de más de 52 hectáreas, que, según un estudio privado, ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan.
El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena solo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Es por eso que exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
Todo comenzó en 2004, cuando el gobierno del país vecino autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, bastante más de las 88 que se habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad está ubicada del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, localizado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero no hubo respuesta. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60% y 40%, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la “mudanza” del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un “canon” en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era “oportunista”.
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a la Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
 
Fuente: Infobae