El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, suscribió la Resolución 56/2018, publicada ayer en Boletín Oficial, mediante la cual insta a la provincia de Salta a dejar sin efecto los permisos de desmonte autorizados en el marco de los Decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, por resultar incompatibles con las disposiciones de la Ley N.° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, e ir en contra de las disposiciones del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
También instó a la provincia a restaurar las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo estas autorizaciones y prohibió la emisión de certificados de exportación de palo santo provenientes de estas áreas.
En su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques Nativos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable entiende que las autorizaciones otorgadas a través de estos decretos modifican regresivamente y de manera relevante el ordenamiento territorial de la masa forestal aprobado por la Ley provincial N.°7543.
Dichos decretos provinciales fueron aprobados en el año 2010 para recategorizar zonas rojas y amarillas mediante un procedimiento particular. Si bien dichas normas fueron derogadas en 2014 por la misma provincia, mediante el decreto 3749/14, mientras estuvieron vigentes se autorizaron cambios de uso de suelo en 32 fincas, sobre alrededor de 80.000 hectáreas de bosques protegidos en zonas rojas y amarillas.
De esas 80.000 hectáreas, a la fecha se encontraban ya desmontadas más de 40.000, y de ejecutarse las autorizaciones restantes se sumarían más de 33.000 hectáreas de pérdida de bosques de alto valor de conservación, entre las que se encuentran los desmontes de la finca Cuchuy, denunciados por organizaciones de la sociedad civil.
Cabe destacar que la posibilidad de recategorizar bosques nativos a nivel de predios fue abordada por el COFEMA, organismo que nuclea a todas las autoridades ambientales provinciales y la nacional, quien por resolución 236/2012 definió que dichas recategorizaciones sólo podrían autorizarse en casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, como planteaban los decretos dictados por la provincia de Salta.
Con la resolución firmada por el ministro Bergman, la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable fija su postura con respecto a esta situación, y ejerce su competencia como garante del cumplimiento de las leyes de presupuestos mínimos, abordando así una situación irregular que se arrastra desde hace varios años y que debilita la protección de nuestros bosques.
A partir de haber tomado conocimiento de esta medida, la provincia anunció que suspenderá las autorizaciones otorgadas y comunicará al propietario de la finca Cuchuy la suspensión de los desmontes en ejecución.
También instó a la provincia a restaurar las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo estas autorizaciones y prohibió la emisión de certificados de exportación de palo santo provenientes de estas áreas.
En su carácter de Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques Nativos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable entiende que las autorizaciones otorgadas a través de estos decretos modifican regresivamente y de manera relevante el ordenamiento territorial de la masa forestal aprobado por la Ley provincial N.°7543.
Dichos decretos provinciales fueron aprobados en el año 2010 para recategorizar zonas rojas y amarillas mediante un procedimiento particular. Si bien dichas normas fueron derogadas en 2014 por la misma provincia, mediante el decreto 3749/14, mientras estuvieron vigentes se autorizaron cambios de uso de suelo en 32 fincas, sobre alrededor de 80.000 hectáreas de bosques protegidos en zonas rojas y amarillas.
De esas 80.000 hectáreas, a la fecha se encontraban ya desmontadas más de 40.000, y de ejecutarse las autorizaciones restantes se sumarían más de 33.000 hectáreas de pérdida de bosques de alto valor de conservación, entre las que se encuentran los desmontes de la finca Cuchuy, denunciados por organizaciones de la sociedad civil.
Cabe destacar que la posibilidad de recategorizar bosques nativos a nivel de predios fue abordada por el COFEMA, organismo que nuclea a todas las autoridades ambientales provinciales y la nacional, quien por resolución 236/2012 definió que dichas recategorizaciones sólo podrían autorizarse en casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, como planteaban los decretos dictados por la provincia de Salta.
Con la resolución firmada por el ministro Bergman, la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable fija su postura con respecto a esta situación, y ejerce su competencia como garante del cumplimiento de las leyes de presupuestos mínimos, abordando así una situación irregular que se arrastra desde hace varios años y que debilita la protección de nuestros bosques.
A partir de haber tomado conocimiento de esta medida, la provincia anunció que suspenderá las autorizaciones otorgadas y comunicará al propietario de la finca Cuchuy la suspensión de los desmontes en ejecución.