El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, confirmó que el Ejecutivo de la provincia recurrirá a la Justicia luego de que el Gobierno Nacional hiciera oficial el anuncio sobre congelar el precio del petróleo en 59 dólares a un tipo de cambio de 45,19 pesos, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia N° 566/19.
“Como provincia productora acompañamos la decisión del Gobierno Nacional de mantener fijo el precio de los combustibles en el surtidor, porque la situación económica y financiera así lo requiere; pero planteamos trabajar una propuesta consensuada entre Nación, provincias y empresas para implementar la medida”, afirmó.
El ministro explicó que esta medida, que pesifica el precio del crudo, “implicaría una pérdida de recursos para las provincias productoras de hidrocarburos, afectando la actividad, los puestos de trabajo y coparticipación a municipios”. Y argumentó que en promedio “se afectan en un 15 por ciento las regalías de petróleo que cobra la provincia, un número muy importante y que afecta al gobierno provincial y a los municipios, que verán disminuida su coparticipación”.
En este punto, confirmó que el gobernador Omar Gutiérrez instruyó al fiscal de Estado, Raúl Gaitán “para que tome medidas judiciales que correspondan en defensa de los recursos de la provincia y en defensa de los derechos que nos corresponden”.
“Es una medida que no tiene ningún aporte del gobierno nacional. Todo el costo de esta medida lo asumen las provincias productoras de hidrocarburos y las empresas. Insistimos, no es justa y equitativa la forma en la que la Nación instrumentó esta medida”, expresó Monteiro.
El ministro explicó que desde el gobierno de la provincia se elaboraron propuestas alternativas, “con el compromiso de que las empresas mantengan el nivel de actividad. Un esfuerzo compartido entre las distintas partes, que llevamos al gobierno nacional, pero no lo tomó. Entendíamos que teníamos un canal de diálogo para construir una solución, pero no fuimos escuchados”.
“Esta medida rompe con el acuerdo firmado en 2017 por los gobiernos, las empresas y los sindicatos, que pone en valor el proyecto Vaca Muerta y que se venía construyendo con muy buenos resultados”, sostuvo Monteiro y agregó que de este modo “se daña la seguridad jurídica y confianza que habíamos construido entre todos los sectores; un valor necesario para sostener el ritmo de inversiones y la generación de puestos de trabajo y oportunidades”.