El Gobierno Nacional anunció que espera presentar en los próximos meses su proyecto de Ley de Cierre de Minas, generado a partir de consensos con los actores vinculados a la actividad minera y que contemplan una variedad de instrumentos financieros para toda escala de emprendimiento.
En ese sentido, la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, resaltó la “necesidad de contar con una herramienta regulatoria de gestión para llevar adelante la etapa de todo proyecto minero que es el cierre de una operación y los controles post cierre, sin perder de vista sus aspectos financieros”.
En declaraciones a la agencia Télam, Sánchez recordó que en los últimos días se terminó de discutir el aspecto de las garantías financieras incorporadas al anteproyecto de ley que se encuentra ahora en etapa de revisión y consultas.
Sobre este punto, dijo que se trabajó con actores de los mercados de seguros, con representantes del sector bancario, con autoridades nacionales de aplicación y control afines, y con autoridades y técnicos del Ministerio de Minería de Chile, país de la región experiencia al respecto.
En tanto, en forma simultánea, se evaluaron los distintos sistemas internacionales, analizando las fortalezas y debilidades de cada uno, y modelando financieramente los eventuales impactos de la aplicación de los sistemas en los proyectos de inversión.
“La finalidad es aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados oportunamente”, agregó Sánchez.
El modelo de garantía que se requeriría en el marco de este anteproyecto sería por el monto total estimado para el plan de cierre y post-cierre, con un esquema de constitución gradual en relación al valor actual neto.
De esta manera, el monto a constituir en cada año sería proporcional al grado de desarrollo del proyecto y, en consecuencia, al alcance de las actividades de cierre en cada momento.
“Las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”, sostuvo Sánchez al respecto.
