Con la presencia de Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, nuestro país presentó las medidas para limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y generar respuestas coordinadas que adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático en dos eventos realizados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (más comúnmente conocida como COP 27) que se está desarrollando en Sharm el-Sheij, Egipto.
A través del plan, se detallan los medios y acciones a llevar adelante para alcanzar las metas de adaptación y mitigación planteadas en su Segunda NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional actualizada en 2021). Del mencionado Plan resulta interesante destacar los siguientes puntos:
Meta de mitigación: no exceder la emisión neta de 349 MtCO2e para 2030, objetivo aplicable a todos los sectores de la economía.
Meta de adaptación: construir capacidades, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático, en los distintos gobiernos locales y sectores, a través de medidas que prioricen a las comunidades y los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, y que incorporen el enfoque de género y la equidad intergeneracional.
“El plan presentado desarrolla más elementos que los considerados en el último elaborado en el año 2019 (como la propuesta de las Medidas de pérdidas y daños, la Acción para el empoderamiento climático, la Transición laboral justa y los Recursos necesarios). Sin embargo, para poder evaluarlo adecuadamente se necesita disponer de las metas cuantitativas a 2030 para las distintas líneas estratégicas, y la evolución de las emisiones que puedan aportarnos una hoja de ruta o pasos a seguir para alcanzar las metas de las NDC. Contar con estas metas permitiría poder seguir los avances de las medidas y contribuir desde el sector privado y la sociedad civil con la materialización de las mismas”, sostuvo Carlos Tanides, Coordinador de Ciudades, Clima y Energía de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Las 250 medidas planteadas representan las políticas diseñadas por los diferentes ministerios del Gobierno nacional, que serían implementadas desde este año hasta 2030. “No resulta sorprendente que se vean reflejadas ciertas contradicciones entre los propósitos productivos y económicos de algunos sectores y las metas que se pretende alcanzar”, expresó Jazmín Rocco Predassi, co-coordinadora del área de Política Climática de FARN
Algunos elementos que resultan inquietantes son, por ejemplo, los vinculados a la línea de acción de gasificación, dentro de la línea estratégica de transición energética. Allí se hace mención al “desarrollo de sus cuencas hidrocarburíferas, costa adentro y costa afuera” a través del cual “la Argentina buscará transformarse en un proveedor de gas natural a escala regional y global”.
“En un contexto global de crisis climática que requiere una verdadera transición en dirección contraria a los combustibles fósiles y un contexto nacional de falta de consenso social hacia este tipo de actividades extractivas, resulta incierto cómo la expansión de la frontera hidrocarburífera se inserta en una verdadera transformación integral del sector energético”, advirtió Catalina Gonda, co-coordinadora del área de Política Climática de FARN.
Una medida que se destaca desde FARN es la incorporación del fomento de prácticas agroecológicas dentro de la línea de acción de manejo integrado de agroecosistemas. “Es la primera vez que un plan nacional vinculado al cambio climático reconoce la importancia de la agroecología, desde sus múltiples dimensiones, para la transformación y resiliencia de los agroecosistemas extensivos e intensivos en la Argentina”, afirmó Rocco Predassi.
