Por: Dr. Leonardo Güi – Docente de Derechos Humanos desde la Perspectiva Internacional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sede San Isidro, extensión áulica Tigre, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
El Cambio Climático representa una de las mayores amenazas que enfrenta la civilización humana en el siglo XXI.
Estando aún en debate los alcances específicos y las consecuencias materiales que puede generar el aumento de la temperatura media global sobre la estabilidad del clima, hay un amplio consenso de la comunidad internacional sobre la gravedad de la crisis, y la necesidad de actuar para prevenir una catástrofe.
En términos oficiales de las Naciones Unidas: “El cambio climático supone una importante amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Los efectos del cambio climático intensifican la competencia por recursos como la tierra, los alimentos y el agua, exacerbando las tensiones socioeconómicas y, cada vez con mayor frecuencia, provocando desplazamientos masivos”.
La variación del clima en entornos estables, es uno de los principales riesgos con los que amenaza la crisis climática (una definición que cobra cada vez más fuerza).
Para ejemplificar en el contexto argentino, Daniela Kröhling, investigadora del CONICET, desarrolla su trabajo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral. La geóloga es coautora de un trabajo científico cuyo primer autor es Juan Pablo Milana, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Juan. Dicho trabajo ha sido publicado en los reportes científicos de acceso abierto que tiene la prestigiosa revista científica Nature.
Su trabajo aborda de manera novedosa el Río Paraná como un registro geológico de los distintos cambios del clima a lo largo de los siglos, manifestando que los cambios climáticos controlaron la evolución del Delta. Siguiendo esta línea, se desprende que un cambio mínimo en la temperatura, como un ligero enfriamiento, convertiría una región altamente productiva como la Pampa en un desierto improductivo.
Una modificación leve sobre la estabilidad del clima, puede desencadenar un significativo cambio en las condiciones productivas de una región en cuestión, desencadenando una crisis en la cadena de producción primaria, en el abastecimiento de materias primas, y en toda la economía nacional, lo que representa un grave riesgo para la sostenibilidad económica, pero también representa un peligro social y político.
En Argentina, esta problemática está oficialmente reconocida por la Ley. Aprobada en el 2019, la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, presenta un conjunto bien instrumentado de políticas públicas, en coordinación con las provincias, para trabajar de manera eficiente y a largo plazo sobre la problemática del cambio climático. Establece la obligación de analizar el impacto ambiental de todas las políticas de los ministerios nacionales, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
Esta nueva legislación representa un cambio paradigmático en el abordaje jurídico de esta problemática, siendo uno de sus mayores logros, el reconocimiento fáctico del fenómeno, que ya no pasa a ser una cuestión de debate entre políticos y ecologistas, sino, un problema real, que requiere políticas reales.
La Crisis Climática representa un riesgo seguro de vulneración sobre derechos fundamentales, que hoy se encuentran protegidos tanto por nuestra Constitución Nacional como por los Tratados Internacionales de Jerarquía Constitucional (Art.75 Inc. 22 CN). Un cambio en las relaciones de producción, en las condiciones estables del clima (desde sequías a inundaciones), puede vulnerar derechos específicos como el derecho a un ambiente sano y equilibrado, al resguardo de la propiedad, el derecho a la seguridad social que puede afectar significativamente la variación de una economía basada en materias primas, y por supuesto, el potencial peligro de los conflictos armados por los recursos, escasez de alimentos, migraciones ambientales, etc. Un futuro distópico que debemos evitar a toda costa.
El enfoque para enfrentar esta crisis debe ser transversal, desde la reducción de emisiones establecidas en los instrumentos nacionales, como el protocolo de Kyoto, aprobado en nuestro país por la Ley nacional N°25.438, sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a las acciones directas de protección del ambiente como la Ley de Humedales que espera urgentemente una sanción.
También en el plano educativo se debe trabajar en conjunto, hay dos normas fundamentales en este campo: la Ley Nº 27621 de Educación Ambiental Integral (EAI) con el objetivo de establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional, y la Ley Nº 27592, también conocida como “Ley Yolanda”, que establece la formación integral en medio ambiente: “para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”.
El enfoque sobre los problemas ambientales debe ser transversal, esto significa que debemos trabajar en conjunto con problemáticas diversas, que van desde las emisiones de gases de efecto invernadero, a la contaminación directa del agua, suelos y napas, reducción de humedales, aplicación irresponsable de fitosanitarios, recolección de residuos sólidos urbanos, basurales y rellenos sanitarios, entre muchas otras problemáticas.
Debemos mantener una mirada integrada al problema global, sin dejar de atender los problemas urgentes y directos del medio ambiente en nuestro país.
