Mediante la Ley 27.566, la Argentina aprobó el Acuerdo de Escazú en el año 2020. Asimismo, es Estado Parte desde abril de 2021.
Desde entonces, el país ha puesto en marcha múltiples acciones que alcanzan diversas esferas del mencionado convenio, entre las que sobresale el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú, fruto de un proceso colaborativo liderado por el sector público y abierto a la participación de diversos actores y segmentos.
Actualmente, desde la Dirección Nacional de Articulación y Educación Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación se está avanzando en una serie de líneas principales, tales como la información pública ambiental; la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y la creación y el fortalecimiento de capacidades.
En materia de información pública ambiental, la Argentina viene promoviendo acuerdos -en el marco de las acciones del Centro de Información Ambiental (CIAM)- con diversas áreas y organismos, entre los que figuran la Secretaría de Bioeconomía, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y el Instituto Geográfico Nacional. “El objetivo de estos acuerdos se centra en identificar la información ambiental con la que cuentan los entes mencionados, generar intercambios, unificar los formatos de publicación y avanzar en la georreferenciación de los datos”, señala Augusto Paz, Director Nacional.
Asimismo, el país estará colaborando con la Agencia de Acceso a la Información Pública en el enriquecimiento del recientemente lanzado Portal de Transparencia, que contiene un catálogo de espacios de participación y donde se proyecta la publicación de micrositios sobre políticas específicas (entre ellas, las ambientales).
Con respecto a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, se está trabajando en la elaboración participativa de normas, el cual ya se encuentra regulado a escala nacional, aunque ahora se vienen incorporando mejoras asociadas a los lineamientos del Acuerdo de Escazú para testear en los proyectos de normativa que se impulsen.
Contenidos específicos
En relación con la creación y el fortalecimiento de capacidades, la Argentina cuenta con normativa que regula la educación ambiental integral y -específicamente- también la formación ambiental de quienes se desempeñan en la función pública. Así, la Subsecretaría de Ambiente se encuentra actualizando las capacitaciones que se dan a funcionarios y equipos técnicos nacionales, incorporando contenidos puntuales sobre el Acuerdo de Escazú y los derechos de acceso en asuntos ambientales.
Además, se viene avanzando mucho en la realización de material audiovisual de difusión que pueda publicarse por distintos medios y utilizarse en las propuestas de educación ambiental en todos los ámbitos y niveles.
Por otra parte, en el ámbito regional el país ocupa una de las cuatro vicepresidencias de la Mesa Directiva de la Conferencia de las Partes del Acuerdo, rol desde el cual formó parte de la primera reunión (COP 1) en 2022, fue anfitrión de la segunda convocatoria (COP 2) en 2023 y participó activamente en las etapas preparatorias de la tercera (COP 3).
