Mediante la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se aprobó ayer la realización del proyecto de adquisición sísmica en los bloques CAN 108 y 114 a cargo de la empresa Equinor.
La resolución indica que Equinor deberá presentar el Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación, así como toda actualización del Plan de Gestión Ambiental ante la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental de la Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.
Sin embargo, también declara que, a través del Decreto 870/2021, el Poder Ejecutivo delegó en la Secretaría de Energía la potestad de revisar, otorgar o rechazar las solicitudes presentadas por las empresas titulares de los permisos de exploración, lo que significa en la práctica, quitarle a la cartera ambiental el poder que le corresponde.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se trata de una medida que desoye la cantidad de voces de quienes en la Audiencia Pública de julio de este año se manifestaron en contra de la actividad.
En la Argentina, la extracción offshore no puede contradecir la normativa ambiental del país, como la Ley General del Ambiente, que establece el principio precautorio -que debería ser aplicado en este caso por el alto nivel de incertidumbre sobre los potenciales daños en la fauna marina que la actividad produce-, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 25.381), que garantiza el derecho de toda la población a acceder a toda la
información disponible sobre los proyectos y sus impactos, y las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que garantiza la participación ciudadana en asuntos ambientales. En el proceso de consulta vinculado a este proyecto, muchas de estas cuestiones fueron ignoradas.
Para la FARN, la resolución adoptada ayer no solo ignora por completo el 93% de las voces que se presentaron durante los tres días de Audiencia Pública en el mes de julio de 2021 y manifestaron su rechazo al avance de este proyecto, sino que también va en contra del marco regulatorio y compromisos ambientales del país.
La Agencia Internacional de la Energía dijo que a partir del 2021 no se deben aprobar nuevos proyectos de extracción de gas, petróleo o carbón para no superar el aumento de 1,5ºC.
El avance de esta actividad costas afuera se aleja de la línea planteada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Cumbre Climática convocada por su par de Estados Unidos en el Día de la Tierra, donde se planteó la posibilidad de implementar un canje de deuda por acción climática. La aprobación de esta actividad también pondrá en riesgo otras actividades económicas que se realizan en la región, tales como la pesca y el turismo en diversas ciudades de la costa atlántica, que de aquí en más tendrán que convivir con un elevadísimo riesgo ambiental sobre sus costas.
La gestión del Mar Argentino no solo debe excluir actividades que ponen en riesgo tanto los compromisos asumidos de política climática como la biodiversidad y las economías locales, sino que debe apuntar hacia una administración cuidadosa, responsable y con un enfoque ecosistémico, integral y participativo.
