Más de 80 organizaciones ambientales y sociales enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de “Ley Ómnibus” enviada por el Poder Ejecutivo nacional en diciembre. El texto de la misiva resalta la preocupación ante las medidas propuestas, señalando que estas “suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo” y eluden el derecho a un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución de la Nación.
“Desde FARN rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y por ende es ilegal e inconstitucional”, señala Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN. “Bajo el pretexto de la libertad, el proyecto de ley pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero, en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”, agregó.
El proyecto propone una serie de reformas a leyes que son clave para la protección del ambiente. Entre las principales normas que se buscan modificar están: la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).
En la carta, las organizaciones advierten que el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional, que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. “Los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, indica el texto.
LEY 26.331 DE BOSQUES NATIVOS
Una de las medidas que se busca modificar es la Ley de Bosques, las organizaciones ambientales explican que el nuevo proyecto “implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de Bosques Nativos”.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) la superficie total de bosques nativos en Argentina es de 53.184.501 hectáreas. En caso de aprobarse el proyecto de ley, las exigencias legales de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y participación ciudadana no serán requeridas para bosques de la categoría III (verde) que alcanzan en total 10.192.063 has, 19% del total de bosque nativo del país.
“Estos requerimientos son importantes porque si bien la categoría verde representa bosques de bajo valor de conservación que legalmente pueden desmontarse, la norma nacional asegura que haya una instancia de análisis de impactos sociales y ambientales y participación del público que puede ser afectado”, explican en la carta.
A la vez, el proyecto de ley impulsado por el gobierno pretende habilitar desmontes hoy prohibidos en las categorías I (roja) y II (amarilla). Se tratan de bosques de muy alto valor de conservación a proteger que no debe transformarse y los de categoría II de mediano valor de conservación a manejar de forma sostenible, respectivamente. Están categorizadas en rojo 10.992.353 has (21%), mientras que están categorizadas en amarillo 32.000.085 has (60%).
“El proyecto de ley hiere de muerte a nuestros bosques nativos, su biodiversidad y los medios y modos de vida de comunidades enteras”, afirman desde las organizaciones.
LEY 26.562 CONTROL DE ACTIVIDADES DE QUEMA
Según el último informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Productivo de la Nación, publicado el 9 de diciembre, indica que el 95% de los incendios en el país son producidos por causas antrópicas, es decir por actividades humanas.
El proyecto de ley propone reformas a los presupuestos mínimos para el control de actividades de quema. “Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones y cultivos que no se comercialicen”, afirman las organizaciones en la carta.
“Los incendios devastadores en numerosas provincias se han convertido en una problemática ambiental en las últimas décadas que requiere de una implementación efectiva de la ley de control de quemas vigente y el sistema nacional todo de manejo del fuego”, indican.
LEY 26.639 DE GLACIARES
El proyecto de ley también pretende modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente y del Ambiente Periglacial con el fin explícito de habilitar la actividad económica en la zona periglacial.
En la carta enviada a Diputados, las organizaciones firmantes indican que para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el proyecto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares. “Ello da respuesta a un reclamo histórico del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica”, denuncian en el texto.
LEY 24.922 RÉGIMEN FEDERAL DE PESCA (LFP)
Otra de las leyes modificadas sería la Ley 24.922. Con ello el Ejecutivo busca flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca: introduce cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP).
“Deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos pudiendo descargarse en otros puertos o mediante transbordos en alta mar lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca”, indican más precisamente en la carta dirigida a Diputados.
Las organizaciones firmantes alertan que “las reformas propuestas por la ‘Ley Ómnibus’ podrían facilitar una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación, ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina”.
