A contramano de lo que sucedió en la Unión Europea, cuya media reflejó un descenso del 12,7%, en España, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentaron en 38% desde el año 2000 a la fecha. Así lo revela el informe “Acuerdo de París 2015: Repercusión en la política energética española”, presentado ayer por la Oficina de Javier García Breva, de la consultora IPM (Imedia Press & Market).
Este dato se refiere a emisiones por uso de la energía y está certificado por la Cátedra BP de energía y sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas.
“En caso de que continúen las políticas actuales, el porcentaje de crecimiento podría llegar al 80%”, advirtió García Breva, en diálogo con la agencia EFE. Por este motivo, considera que Espala debe trabajar hacia la transición energética, a través de la descarbonización de la economía, si quiere cumplir con los objetivos asumidos en la COP21.
Para ello, se necesita una mejor regulación ambiental del sector energético, ya que la normativa que rige desde 2008 “no incluye los efectos de las emisiones de CO2” e “incorpora solo intereses del sector energético convencional” –gas, carbón y petróleo–, así como la “paralización de las energías renovables” cuando “en España la única energía autóctona es la de origen renovable”.
En el caso de España, apuntó, la evolución creciente de las emisiones está “directamente conectada” a la del PBI, que aumentó hasta 2008 y, a partir de entonces, se redujo “al coincidir con los años de recesión”. Estas, sin embargo, “volvieron a dispararse” en 1,1% en 2014 y 5% en 2015, en paralelo a la recuperación y el nuevo crecimiento del PBI. Su conclusión, entonces, es que España “no ha desconectado su crecimiento económico del de las emisiones”, al “no haber aplicado políticas eficaces de reducción de emisiones y de eficiencia energética”.