El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló los aumentos de tarifas residenciales de gas efectuados en abril, imponiendo al Gobierno de Mauricio Macri que realice audiencias públicas no solo para fijar la tarifa de transporte y distribución, sino también para determinar el precio del gas en boca de pozo, tiene un costo fiscal de USD 1.323 millones (unos $ 20.000 millones).
Así se desprende de un informe elaborado por el Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano. Según las conclusiones al que este arriba, el costo derivado de no aplicar los cuadros tarifarios tal como fueran concebidos para los usuarios residenciales resulta en USD 716 millones. A esto se suma el sobrecosto que debería afrontar Cammesa por el pago de gas a usinas a precios de abril, que sería de USD 607 millones.
“Entendemos que la toma de futuras decisiones en materia tarifaria por parte de la administración debe observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y gradualismo para que resulten aplicables. En este necesario proceso de recomposición en curso de precios y tarifas del sector energético, resulta imprescindible considerar los niveles de ingreso de los hogares, toda vez que los aumentos impactan directamente en las canastas de consumo de bienes y servicios, afectando en consecuencia su calidad de vida”, apuntó Andrés Di Pelino, vocero del CERES.