Luego de anunciar que se iniciará el saneamiento ambiental en Sierra Pintada después de 30 años, el gobierno de Mendoza llevó adelante la audiencia pública a la que había convocado para comienzos de enero en San Rafael.
El evento contó con la participación de más de 500 asistentes, entre representantes de organizaciones sociales y de los sectores empresarial, político y académico.
De esta forma, se cumplimentaron los pasos previos para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental, que establecerá las condiciones ambientales en las que la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrollará la remediación de los pasivos ambientales existentes en el ex complejo minero fabril, en el sur de la provincia.
“Estamos dando un paso histórico que saldará una deuda ambiental, que por falta de compromiso político, se demoró más de 30 años en iniciarse”, expresó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la gestión actual “exigió a la Comisión Nacional de Energía Atómica la remediación ambiental de los residuos contaminantes que se generaron durante los años de operación de la planta”.
“Esta audiencia pública nos encamina a un paso histórico para la provincia y el Departamento de San Rafael”, dijo Mingorance, al tiempo que agregó que este procedimiento “brindará a toda la población la seguridad ambiental y sanitaria que les corresponde al ambiente y los habitantes”.
Dentro de los objetivos principales están el de tratar el agua de cantera y los residuos sólidos que existen en el lugar, además de las colas y los minerales de tratamiento.
Mingorance aclaró que no habrá una explotación minera, en relación a los rumores que circularon en los últimos tiempos. “Estamos terminando de hacer cosas que otras gestiones no hicieron y hoy lo que estamos impulsando después de tantos años es la remediación ambiental de este complejo, por lo tanto, no haremos una reapertura de la mina”, dijo.
Por su parte, la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, expresó que “el proceso de remediación se encuadra en un procedimiento de tratamiento de residuos peligrosos y no un proceso minero”.
Información oficial
¿Qué se hizo hasta ahora?
Luego de discontinuar las actividades productivas, el CMFSR mantuvo los monitoreos ambientales y radiológicos correspondientes. Además, se realizó el mantenimiento, readecuación y construcción de las instalaciones requeridas para proceder a la remediación de los pasivos ambientales y mantener las condiciones ambientales aun cuando el complejo no esté funcionando.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía Atómica, presentó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, el proyecto “Manifestación general de impacto ambiental – complejo minero fabril San Rafael – etapa de remediación – Fase I”. Esto inició el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) donde participaron la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNCuyo), la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Minería, el Departamento General de Irrigación y la Autoridad Regulatoria Nuclear.
¿Cuáles son los pasivos ambientales en el CMFSR?
La operación del complejo se realizó con la extracción a cielo abierto del mineral de uranio. Durante estas actividades se fueron generando canteras agotadas, rocas estériles y mineral marginal (rocas con muy bajo contenido de uranio). Actualmente, en los huecos de las canteras ingresa agua de lluvia y subterránea que, al estar en contacto con zonas mineralizadas naturalmente, cambian su composición originando lo que se denomina agua de cantera.
Una vez que el mineral fue extraído de las canteras, se procesó en la planta para separar el uranio de las rocas. Durante esta etapa se produjeron colas de mineral, precipitados (producto de la neutralización de los efluentes de planta) y residuos sólidos.
Estos últimos se encuentran en tambores y fueron el resultado del proceso de purificación del Yellow Cake para obtener óxido de uranio de calidad nuclear, llevado a cabo en la Planta de Producción de dióxido de uranio (PPUO2) ubicada en la provincia de Córdoba.
Objetivos de la primera etapa de la remediación ambiental
Lo que incluye esta primera fase es, en primer lugar, la denominada agua de cantera, que se acumula por un valor de casi 1 millón de metros cúbicos. Es producto del proceso de lixiviación del mineral de uranio que produjo efluentes. Los líquidos reciclables eran enviados al denominado “dique pulmón”, desde donde pasaban por bombeo a una planta de neutralización. Una vez neutralizados con cal, se enviaban a las canteras. De acuerdo a la documentación existente, el contenido de uranio supera ampliamente los niveles guía, de ahí la importancia de su tratamiento.
También se incluirá en esta etapa la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del 90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio es de 14 mil kilos.
Mejorar la calidad del agua de cantera minimizando la concentración de uranio, radio y arsénico.
Gestionar en forma segura y definitiva los residuos sólidos.
La realización de esta primera etapa muestra un ejemplo de gestión ambiental segura y sostenible de acuerdo a las buenas prácticas nacionales e internacionales que lleva adelante la CNEA.
¿Cómo se controlará el ambiente durante la remediación?
El sitio cuenta con más de cuatro décadas de monitoreo continuo. Durante la etapa de remediación se implementará un exhaustivo programa de vigilancia ambiental para el control del agua superficial y subterránea, el aire, el suelo y la flora.
Todas las acciones del proyecto se desarrollarán aplicando medidas de mitigación preventivas, para evitar la aparición de impactos en el ambiente, y correctivas que buscarán contrarrestar los efectos de los impactos que podrían presentarse.
El proceso de remediación y los parámetros ambientales serán auditados por la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Protección Ambiental, el Departamento General de Irrigación y otros organismos de control de la provincia de Mendoza.
