Se suscribió el acuerdo para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos consagrados por el principio 10, en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Estos son: acceso a la información pública ambiental, a la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental.
En representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Bergman, la subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges, participó como representante de la delegación argentina en la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Duverges aseguró que “se firmó el convenio para favorecer la participación de la ciudadanía y mejorar la gestión ambiental en América Latina y el Caribe región donde los recursos naturales tienen un valor esencial”.
José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), declaró que “se logró el primer tratado ambiental de la región, un acuerdo que conjuga la protección del medio ambiente con los derechos humanos y los derechos de acceso y que sitúa el foco en la igualdad para el desarrollo sostenible, pretendiendo no dejar a nadie atrás.