Desde diciembre de 2015, el número de personas que huyen de la violencia en Honduras ha aumentado en forma constante. En marzo de este año, desplazamientos colectivos y simultáneos tuvieron lugar en San Pedro Sula y Tegucigalpa, dos de las ciudades más violentas del mundo fuera de zonas de conflicto. En el último mes, los miembros de una comunidad informaron que solo en un barrio en Tegucigalpa al menos 360 familias se han visto desplazadas forzadamente en el interior del país.
Muchas de estas personas están huyendo de la violencia urbana alimentada por la guerra entre pandillas o maras, la extorsión generalizada, las amenazas, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la inseguridad generalizada. En las zonas rurales del país, los defensores de derechos humanos, indígenas y campesinos involucrados en conflictos agrarios también están siendo forzados a desplazarse debido a la persecución, amenazas, intimidaciones y muerte de miembros de la comunidad, algunos con medidas cautelares de la CIDH.
Homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) continúan siendo el objetivo de amenazas, ataques y homicidios a raíz de la discriminación y exclusión social. A su vez, los periodistas y educadores también son blanco de la violencia, agresión y ataques, tanto en áreas urbanas como rurales, debido a múltiples factores como su papel en las denuncias de hechos de violencia, de corrupción, de presencia del crimen, entre otros. Profesionales de la rama judicial reciben cada vez más amenazas en represalia por su participación en investigaciones o en la lucha contra el crimen organizado. Los estudiantes y profesores en el noroeste del país, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, también han sido víctimas de la intimidación de las pandillas y están huyendo cada vez más de la violencia. Según las organizaciones no gubernamentales locales, las autoridades escolares han registrado alrededor de 100 solicitudes de los padres para transferir a sus hijos e hijas a otras escuelas en las últimas semanas, en las que además se ha reportado el homicidio de jóvenes de diferentes entidades educativas.
Asimismo, durante los primeros tres meses de este año más de 2.300 hondureños solicitaron la condición de refugiado en América del Norte y Central, de acuerdo a cifras provisionales de los gobiernos correspondientes. Esta cifra se suma a más de 16.400 nuevas solicitudes que los hondureños presentaron durante 2015 a nivel mundial, cuatro veces el número de solicitudes registradas en 2013 y casi el doble que aquellas de 2014.
En este contexto, la Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR), que trabaja junto al gobierno de Honduras y la sociedad civil para abordar esta problemática, insta a las entidades involucradas a tomar una acción concertada para abordar las causas fundamentales del desplazamiento forzado y proteger los derechos de los desplazados internos.
Para el organismo, la adopción de un marco legal para garantizar una respuesta eficaz a las comunidades afectadas resulta especialmente urgente, así como la designación de un representante para el desplazamiento interno, la inclusión de la tipificación del delito de desplazamiento forzado en el código penal hondureño y la definición de un sistema de control para mitigar los riesgos de desplazamiento. En este sentido –enfatiza–, la protección de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los que viven en las comunidades rurales y urbanas donde la violencia es aguda, es igualmente crucial.