El proyecto minero San Jorge (PSJ), ubicado en la localidad de Uspallata, Mendoza, busca reactivarse después de años de controversia. El viernes pasado, se presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) al Gobierno provincial, un paso clave para avanzar hacia la explotación prevista para 2028. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que aun falta la obtención de la licencia social.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, enfatizó la importancia de integrar a la comunidad en el desarrollo del proyecto. “El proponente tiene que empezar a hacer talleres para dar a conocer el proyecto en sus distintas aristas, incluyendo impacto ambiental, proveedores y vinculación con la comunidad”, declaró. Este enfoque busca evitar errores del pasado, cuando la falta de comunicación y transparencia generó rechazo social y paralizó proyectos similares.
El Gobierno mendocino ve al PSJ como una oportunidad para impulsar el desarrollo en toda la región del Gran Mendoza. Se proyecta que la mina generará aproximadamente 3.900 empleos durante su construcción y 2.400 en la fase de operación, con una vida útil estimada de hasta 30 años. Además, se espera una inversión inicial de 559 millones de dólares, que incluirá mejoras en infraestructura y conectividad.
Una minería sostenible como condición indispensable
El concepto de minería sostenible es un eje central en la estrategia del gobierno y la empresa. La ministra Latorre subrayó que la minería no debe ser solo una actividad extractiva, sino una que deje valor agregado en la comunidad, a través de capacitación, infraestructura y la posibilidad de reconversión económica tras el cierre de la mina. “Si no hay conectividad, capacitación ni posibilidad de reconversión, no es el modelo que estamos buscando”, afirmó.
El desafío de la licencia social
Uspallata tiene un historial de rechazo a la minería, con antecedentes como la cancelación de este mismo proyecto en 2011 debido a la oposición local. Hoy, el gobierno y los nuevos propietarios del PSJ (Zonda Metals GmBH y Grupo Alberdi) trabajan en revertir esa percepción. La modificación del Código de Procedimientos Mineros pone el foco en la necesidad de un trabajo constante y transparente con las comunidades para garantizar el respaldo social.