María Inés Zigarán: “Hoy hay más participación provincial en la agenda ambiental”

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) es un espacio plural que reúne a todas las autoridades ambientales de la Argentina. Así lo define su titular, María Inés Zigarán, quien también se desempeña como ministra de Medio Ambiente de Jujuy. “Se trata de un organismo de carácter federal -en el que, junto con las provincias, también participa el Estado nacional- que está esencialmente orientado a analizar las cuestiones vinculadas con las leyes de presupuestos mínimos que deben aplicarse en las jurisdicciones provinciales y las políticas públicas ambientales para todo el país”, explica.
Aunque fue creado en 1990, admite, en los últimos años el COFEMA viene exhibiendo una dinámica poco vigorosa, con escasas reuniones y herramientas. “Esta falta de actividad obedecía al lugar marginal que la temática ambiental ocupaba en la agenda pública. Hoy la situación se ha modificado. Las provincias están participando con mucho interés, lo que habla de una jerarquización de la agenda ambiental”, asegura.
En su opinión, el escenario internacional e histórico también es particular, ya que se encuentra determinado por la temática del cambio climático y por el financiamiento ambiental que se espera después del Acuerdo de París de diciembre del año pasado. “Seguramente después de la COP 22 de Marruecos tendremos novedades al respecto. Celebramos que se haya reactivado el tan necesario debate ambiental, con la certeza de que la Argentina tiene muchos desafíos pendientes. En ese sentido, el Gobierno nacional cuenta con autoridades como el ministro de Ambiente Sergio Bergman, que se está moviendo por todas las provincias, interiorizándose de sus diferentes problemáticas y haciéndolas partícipes de las políticas públicas”, apunta.
La vocación del COFEMA, indica, es llevar adelante una discusión lo más federal y democrática posible para construir consensos sobre los temas que se van generando y sobre los diversos proyectos  que están en el Congreso. “Una de estas propuestas es la Ley de Humedales, de la que ya hay un dictamen que unifica dos proyectos de senadores nacionales. Es necesario garantizar que se apruebe esta normativa, pero nos preocupa que no contemple algunas cuestiones básicas que entendemos sin resolver”, expresa.
¿Qué postura tiene el COFEMA con respecto a esta ley?, preguntamos a Zigarán.
Hemos solicitado incluya una definición propia de humedal, que no tenga en cuenta sólo lo explicitado en la Convención de Ramsar, sino también la incorporación de otros parámetros. La Argentina tiene una gran cantidad de humedales que no son de importancia internacional a los que igualmente debe protegerse.
El Ministerio de Ambiente de la Nación está trabajando en los criterios generales de un inventario de humedales. Está la intención de avanzar en esa dirección, lo cual nos parece muy bien. Pero también entendemos que la ley debe garantizar la participación de las provincias que albergan estos recursos naturales.
Al reunir a todas las autoridades ambientales del país, el COFEMA debería ser escuchado cuando se definen este tipo de legislaciones. Por eso nos hemos pronunciado a través de resoluciones y declaraciones, en la asamblea celebrada en Córdoba en el mes de julio, para requerirle al Senado nacional que el proyecto de ley unificado sea sometido a un mayor debate, pedir la apertura de un espacio de diálogo y establecer algunas observaciones preliminares.
Además de mejorar la definición de humedal y ultimar detalles sobre el inventario, hay que hacer precisiones sobre la autoridad de aplicación y sus competencias (ya que hay algunas opacidades al respecto), clarificar el régimen de sanciones (que debería ser facultad de las provincias, con la intervención del COFEMA para las cuestiones interjurisdiccionales), y disponer de recursos para un fondo de protección de humedales.
Estas observaciones son, como dije, preliminares porque todavía no emitimos una posición definitiva sobre la Ley de Humedales, ya que las distintas jurisdicciones van a realizar algunas evaluaciones técnicas y elevar sus propuestas en nuestra próxima reunión, que se llevará a cabo en Chaco.
¿Qué puede comentarnos sobre la Ley de Bosques?
Estamos poniendo el foco en temas sensibles como los mecanismos de financiamiento y la rendición de cuentas de los fondos asignados. Las autoridades provinciales llevarán propuestas para modificar la norma.
Desde la provincia de Jujuy, por caso, tenemos algunos aportes que hacer en términos de la fórmula polinómica a través de la cual se distribuyen los recursos. Entendemos que es necesario mejorar la valoración de la diversidad de los bosques. Las yungas de Jujuy y Misiones, que albergan a la mayor biodiversidad de la Argentina, hoy no tienen el reconocimiento que se merecen. Asimismo, como provincia que también presenta una gran diversidad cultural vamos a presentar valiosos aportes de la visión que hemos construido en el proceso participativo de ordenamiento territorial junto con nuestros 10 pueblos originarios y nuestras más de 300 comunidades.
Desde su sanción en 2007, hasta ahora la Ley de Bosques nunca recibió el porcentaje mínimo de financiamiento establecido (un 0,3% del Presupuesto nacional). El año pasado, por ejemplo, los fondos destinados a la implementación de planes de conservación de bosques nativos se asignaron a fines relacionados con la política electoral. Esta situación irregular, responsabilidad del Gobierno pasado, fue de alguna manera reparada gracias al esfuerzo del ministro Bergman, quien aseguró el pago a las jurisdicciones que no habían cobrado esos fondos.
En gran medida el cumplimiento de una ley depende de sus posibilidades de financiamiento. Y parte del financiamiento de la Ley de Bosques provenía de las retenciones que se han suprimido. Por eso hay que volver a discutir esta cuestión, sobre todo ahora que se está trabajando en la elaboración del Presupuesto 2017.
Tengamos en cuenta que la deforestación cumple un rol clave en el fenómeno del cambio climático. La Argentina tiene una deuda pendiente a la hora de reducir su alta tasa de deforestación. Uno de los compromisos que estamos asumiendo como nación tiene que ver justamente con esto.
¿Qué piensa el COFEMA sobre la Ley de Calidad Acústica?
En nuestra última asamblea extraordinaria acordamos, en principio, un proyecto de declaración para expresar la importancia de su aprobación. No queremos detener el curso del proyecto, aunque entendemos que hay asuntos no contemplados, los cuales pueden ser resueltos con posterioridad a través de acciones administrativas de la política pública (el ministro Bergman, de hecho, ya se ha comprometido a hacer posible su financiamiento).
Más allá de eso, la idea es no obstaculizar el tratamiento de este proyecto que, en lo particular, valoro profundamente.