Es la primera provincia en darle el visto bueno al relevamiento de Nación. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue solicitado por Integración Energética Argentina, entonces Ieasa, que luego cambiaría de nombre a Energía Argentina. Esta empresa estatal abarca distintos negocios, como las gestiones de importaciones de GNL que se descarga en Escobar, y está a cargo del fideicomiso para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
El equipo que realizó el informe está conformado por expertos en gestión ambiental, biólogos, paleontólogos, antropólogos, agrimensores y geólogos, entre otros.
El trabajo corresponde únicamente al tramo que transcurre por Neuquén, provincia por la que el gasoducto estará presente en 30 kilómetros además de que aquí estarán instaladas las tomas de gas que proviene de los yacimientos con objetivo en Vaca Muerta.
El ducto de 36 pulgadas se extenderá entre Tratayén y Salliqueló, a lo largo de 560 kilómetros, en una traza prevista que cruzará las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
El anexo que analiza los aspectos socioeconómicos informa que la traza atraviesa una zona de la meseta patagónica de características áridas y secas, con lluvias escasas y fuertes vientos, con vegetación exigua y pequeños mamíferos. Las urbanizaciones más cercanas son Mari Menuco, Añelo, San Patricio del Chañar.
Algunas conclusiones del impacto
- “Durante la etapa de construcción podrán producirse ruidos y vibraciones asociados al uso de maquinarias y herramientas, generadores, circulación de maquinarias y camiones u otros vehículos de gran porte. Este impacto no resulta de gran consideración ya que no existen asentamientos humanos en la zona, aunque si reviste importancia por su impacto para la fauna como se mencionará más adelante”.
- “En el análisis de las matrices presentadas puede observarse que sólo se espera un impacto moderado sobre el escurrimiento normal de las aguas pluviales como consecuencia de la excavación”.
- “La mayor parte de los impactos negativos sobre el mismo ocurrirán durante la etapa de construcción, vinculados a la instalación de las obras complementarias, instalación de obradores y campamentos, excavación, cama de arena, cruce con interferencias y bajada de cañería. La importancia de estos impactos es de valores bajos a moderados, resaltándose que su extensión estará limitada al área operativa del proyecto”.
- Las actividades de intervención del terreno, la afluencia de personas, la presencia de maquinarias, equipos, ruidos, material particulado en suspensión, el desmonte y remoción de la vegetación existente, generan alteraciones en el hábitat de la fauna autóctona que producen efectos negativos sobre su abundancia, como así también pueden afectar la diversidad de la misma (…). Estos impactos se reducirán durante la etapa de operación y serían mitigables y recuperables en la etapa de abandono del proyecto”.
- “Las tareas a realizar implicarán desmonte de la vegetación existente en la zona, si bien se procurará reducir al mínimo la extracción de la misma (…). Además de la remoción de la vegetación, la misma podría verse afectada por sustancias accidentalmente volcadas (aceites, combustible, producto químico, etc.) o por aplastamiento a raíz de circulación de personal y de vehículos fuera de los caminos”.
- “El impacto general sobre el paisaje será de carácter negativo, pero de baja importancia. Dependiendo las acciones puntuales, algunas podrán generar mayor impacto sobre el mismo, compensándose estos al momento de la bajada de cañería y tapado, con lo cual se identifican también algunos impactos positivos”.
La relación con superficiarios y comunidades
El EIA relevó la situación de los superficiarios, tanto productores agropecuarios como comunidades mapuches. En ese sentido, el informe señala que “resulta imprescindible la implementación de ámbitos específicos de discusión y resolución de conflictos relacionados con los impactos, en los cuales las empresas y los superficiarios expresen sus inquietudes, necesidades y reclamos”.
“Al respecto, un caso particular lo constituyen las comunidades originarias mapuches, las cuales cuentan con específicas legislaciones que protegen sus derechos (legislación internacional, nacional y provinciales), temática que será tratada más adelante, y que requiere un abordaje particular (consulta previa, libre e informada)”, remarca el EIA solicitado por Energía Argentina.
“En consecuencia, podemos apreciar el modo en que la cuenca neuquina en general es afectada por los procesos de inversión y desinversión de capital que realizan las empresas hidrocarburíferas. A ello debe sumarse el agotamiento de los recursos no renovables (petróleo y gas), y los procesos de contaminación resultantes. Dichos efectos socioambientales resultan, por lo tanto, la contracara de la creación de puestos de trabajo, el aumento de la infraestructura y la dinamización de la economía que genera el asentamiento de las empresas”, explica el estudio.
