El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dio un nuevo paso en la reingeniería del seguro ambiental obligatorio, que permitirá una mayor apertura en el mercado de las aseguradoras que comercializan este tipo de pólizas.
Los cambios ya habían sido anticipados por el ministro Sergio Bergman, quien destacó la importancia de ampliar las posibilidades. “Debemos asegurar dos parámetros: terminar con los monopolios, que se transforman en prácticas que no debemos aceptar ni asumir, y dejar de utilizar la palabra ‘seguro’ como sinónimo de tasa cautiva. Tenemos que regular con claridad, previsión y de manera proactiva cómo hacemos para que los seguros ambientales cumplan con su cometido”, dijo.
La Ley General del Ambiente (ley 25.675) exige un seguro a las industrias o empresas de servicios que llevan adelante actividades riesgosas para el ambiente. Es una herramienta financiera que protege al patrimonio frente a un posible siniestro, ya que permite reparar el daño ambiental ocasionado.
Hasta hoy, eran muy pocas las empresas que estaban en condiciones de ofrecer este tipo de seguros. Esto ocurría debido a que los requisitos para obtener la conformidad ambiental, que habilita a las aseguradoras a comercializar las pólizas, eran inaccesibles.
“La restricción que antes tenían muchas aseguradoras para poder comercializar las pólizas de caución se va a modificar para que aumente la competencia, para que haya más aseguradoras y para que baje la prima a los industriales”, dijo el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Javier Ureta Sáenz Peña.
Las pocas empresas que actualmente pueden ofrecer el seguro ambiental obtuvieron la habilitación entre 2007 y 2014. Pero, a partir de ese último año, los requisitos para obtener la conformidad ambiental fueron modificados y se adoptaron nuevos estándares que hacían que la obtención fuese prácticamente imposible de lograr. Como resultado, desde 2014 hasta el día de hoy no se emitieron nuevas conformidades ambientales y se conformó un monopolio alrededor de los seguros ambientales. Por su parte, los industriales se vieron obligados a pagar las primas que establecían las pocas empresas habilitadas.
Los cambios en los requisitos para obtener la conformidad ambiental buscan establecer condiciones realistas para gestionar el riesgo ambiental que, al mismo tiempo, permitan a las empresas progresar sin descuidar el patrimonio. “Es lícito hacer negocios pero no es lícito negociar con el ambiente y degradarlo; y mucho menos con la calidad de vida de las personas. Ahí es donde tiene que estar el Estado no para imponer nada, sino para controlar todo”, aseguró el ministro.