El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) constituye una herramienta clave para proteger los bosques nativos en Argentina, conforme a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Sin embargo, los recientes procesos de actualización en las provincias de Chaco y Salta han generado que más de 20 organizaciones de la sociedad civil emitan un comunicado en el que expresan su profunda preocupación debido a inconsistencias legales, técnicas y procedimentales que comprometen su legitimidad y los principios de no regresión y progresividad ambiental.
“Los OTBN de Chaco y Salta revelan un preocupante retroceso ambiental, comprometiendo no solo la protección de los bosques nativos, sino también los derechos de las comunidades locales. La falta de rigor técnico como así también de información, de consulta previa a las comunidades indígenas que habitan dichos bosques y de participación ciudadana efectiva no hace más que demostrar que la verdadera finalidad que buscan es habilitar el desmonte de manera indiscriminada en ambas provincias, lo cual pone en riesgo uno de los bosques nativos mas importantes del país, amenazando la biodiversidad y los compromisos de protección ambiental asumidos por la Argentina a nivel internacional”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Chaco
En Chaco, el 11 de diciembre la Legislatura chaqueña aprobó sobre tablas y sin discusión previa un proyecto ingresado el día anterior que modifica la Ley 4005-R. Entre las principales falencias se destaca la recategorización arbitraria de áreas de conservación, que aumenta de forma significativa la cantidad de bosques en donde se permitiría el desmonte.
“Este cambio, realizado sin estudios técnicos sólidos ni justificaciones metodológicas, viola la Ley 26.331 al ignorar criterios fundamentales de preservación ambiental. Además, el mapa del OTBN aprobado presenta errores topológicos y huecos de información, lo que genera incertidumbre en la delimitación de zonas protegidas y debilita los mecanismos de monitoreo y control” sostienen en el comunicado presentado por las organizaciones.
La falta de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas y la ausencia de participación ciudadana efectiva son otros puntos críticos señalados en ambas demandas. Estas omisiones vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estas deficiencias no solo ponen en peligro la biodiversidad regional, sino que también socavan la legitimidad del proceso y vulneran los derechos de las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas.
Salta
El 10 de diciembre la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos enviado por el gobernador Gustavo Saénz, luego de un tratamiento express en comisiones. Si bien resta el tratamiento en el Senado de la provincia, cabe mencionar que el informe técnico final y el soporte cartográfico, mencionados como Anexos en el proyecto de ley, no se encuentran disponibles públicamente, lo que entorpece la transparencia del proceso e imposibilita conocer lo que efectivamente sancionaron los diputados, y si corresponde con lo elaborado en el marco del proceso de actualización llevado adelante durante 2023.
Este nuevo OTBN presenta además inconsistencias que podrían desencadenar un retroceso significativo en la protección ambiental. El proyecto estipula que la Autoridad Local de Aplicación deberá identificar los desmontes ejecutados de 2009 en adelante (fecha en la que se sancionó el primer OTBN de la provincia) distinguiendo su legalidad o no, y deberá elaborar un plan de acción en los casos que corresponda. En tal sentido, la Ley de Bosques determina que los desmontes ilegales deben mantener su categoría de conservación original, y esto tiene que estar reflejado en el OTBN provincial actualizado. Sin embargo, la fecha de referencia debiera ser 2007 y no 2009, aseguran las organizaciones debido a que los bosques se encontraban protegidos, primero por un amparo, y luego por la propia Ley de Bosques sancionada a finales de ese año.
Por otro lado, se introduce una categoría transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC), que no está contemplada ni en la Ley 26.331 ni en la normativa provincial vigente. La APC incluiría tanto zonas amarillas como verdes que serán definidas luego de aprobado el OTBN, en una normativa aparte. Esto genera incertidumbre sobre las tierras en las que se podrán realizar cambios de uso de suelo o cuáles estarán sujetas a planes conservación, incluyendo el manejo forestal sostenible. Es decir que, si se sanciona la ley, habrá áreas que no tendrán una categoría determinada, contrariando el objetivo del OTBN y abriendo la posibilidad de desmontes sobre cualquier predio incluido en las APC.
“Chaco y Salta (junto a Santiago del Estero y Formosa) se encuentran entre las provincias que más contribuyen a la deforestación a nivel nacional. Según datos oficiales, desde 2007 hasta 2022, la provincia de Chaco perdió 556.714 hectáreas de bosque, mientras que Salta unas 918.749. La protección de la región chaqueña es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Esta región, que constituye uno de los pulmones verdes más importantes del país, se encuentra entre las más amenazadas del planeta. La deforestación en este territorio no solo pone en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, sino que también compromete la capacidad de Argentina para cumplir con sus compromisos ambientales internacionales”, menciona el comunicado elaborado conjuntamente por las organizaciones.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes solicitan a las autoridades responsables que realicen una revisión exhaustiva de estos ordenamientos, garantizando que se ajusten a la Ley 26.331.
Organizaciones firmantes:
ACEN
ACERCA
Aves argentinas
Circulo de Políticas Ambientales
Conciencia Solidaria
EcoHouse
FIBO
Fundación Ambiente y Medio
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Avina
Fundación Biodiversidad Argentina
Fundación Hábitat y Desarrollo
Fundación Patagonia Natural
Fundación Protestante Hora de Obrar
Fundación Reverdecer
Fundación Vida Silvestre Argentina
Fundación YUCHAN
Instituto Jane Goodall
Natura Argentina
Por el Mar
Proyectar ONG
REDAF
SAREM
WCS Argentina
Wetlands International
