La discusión tuvo dos tramos independientes y coordinados a la vez, ya que el lunes se llevó a cabo la audiencia pública organizada por la Secretaría de Energía en la que se analizó el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) o boca de pozo, que involucra a las empresas productoras en el marco del plan Gas.Ar recientemente lanzado por el Gobierno.
La segunda etapa, organizada por el Enargas, se desarrolló de forma virtual entre el martes y las primeras horas de la tarde del jueves, en tres jornadas de hasta 14 horas de exposiciones, en la que las empresas transportistas y de distribución dieron a conocer sus posturas en el marco del Régimen Tarifario de Transición dispuesto por el Decreto 1020, el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.
Tras el cierre de las exposiciones, el Enargas elaborará ahora un informe de todo lo escuchado en la audiencia para lo cual tiene un plazo de diez días y, posteriormente, conformará su propuesta de tarifa de transición en el que deberá determinar el incremento tarifario que se le podrá reconocer a cada servicio, en línea con la política que lleva adelante el Gobierno nacional.
Para ello, en la apertura de las tres jornadas, las empresas propusieron aumentos promedio de hasta 17% en las facturas que reciban los clientes, como parte del proceso de definición de una tarifa transitoria.
Las empresas alcanzadas por la audiencia son Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), las distribuidoras Naturgy Ban, Metrogas, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Gas del Centro, Gas Cuyana, Litoral Gas, GasNea y la subdistribuidora Redengas.
En todos los casos, las propuestas tomaron como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que fue definido como indicador durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2017 y que alcanzó -de acuerdo a las distintas empresas- un incremento de hasta el 128% desde abril de 2019,período en el cual no hubo ajustes en las tarifas.
De las mismas maneras, las empresas cuantificaron los perjuicios operativos, fiscales y financieros que afrontaron por sostener los mismos ingresos durante dos años en un contexto inflacionario, y los que podrían enfrentar en los próximos dos años en caso de no contar con una adecuación.
Entre los oradores también estuvieron en la primera jornada los directivos de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), del Instituto de Subdistribuidores de Gas (Isga) y de la Federación de Subdistribuidores de gas (Fsubgas), estas ya con un tiempo disponible de 10 minutos.
Luego de las empresas y sus asociaciones representantes, fue el turno de las defensorías del Pueblo de la Nación, del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y del Pueblo de la Ciudad e Buenos Aires, además de las correspondientes a otras ciudades y provincias del país.
Otro bloque destacado de participación correspondió a las asociaciones de defensa de los consumidores, tal el caso de Consumidores Libres; Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, la Asociación de Consumidores Industriales de Gas y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
Las presentaciones de ayer y hoy también permitieron escuchar a representantes de asociaciones de consumidores, entidades de bien público, cámaras empresarias locales y regionales, directivos de distintas uniones industriales del país, sindicatos, asociaciones profesionales, cooperativas de trabajo, clubes, pymes y usuarios particulares.
Bernal anunció esta tarde que como resultado de esas exposiciones resolvió “incorporar la figura de los defensores y defensoras de usuarios y usuarias como agentes ad hoc en los reglamentos de las audiencias publicas” que a futuro organice el ente, y aseguró que se profundizarán “los contactos directos y diarios entre los cargos gerenciales y los usuarios actuales y potenciales”.
En esa línea, el funcionario afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar “tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva” para lo cual es necesario “tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar”.
Fuente: TELAM
