De acuerdo a las proyecciones del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), los subsidios destinados al sector energético durante 2016 tendrán un impacto fiscal proyectado de alrededor de $ 215.000 millones, lo que representa un incremento superior al 25% respecto al 2015, y que equivale a alrededor del 12% del gasto público total.
En la presentación del informe, el presidente de ASAP, Rafael Flores, planteó que el Gobierno nacional tiene “margen fiscal” como para encarar una “salida gradual” del esquema de subsidios energéticos, lo que le permitiría evitar tomar medidas de alto costo social.
“Es absolutamente necesario reducir los subsidios que han tomado una dinámica insostenible porque la Argentina hoy gasta más en subsidiar las tarifas de energía que educación, salud y cultura juntos, o cuatro veces el presupuesto de seguridad”, dijo Flores. Y añadió: “Pero, al mismo tiempo, no se pueden cambiar comportamientos adquiridos en 12 años en seis meses, por lo que planteamos que el ajuste de acuerdo a las condiciones sociales y económicas actuales se tiene que hacer de manera más gradual para permitir que ciudadanos y empresas se acomoden a estos nuevos valores con previsibilidad”.
Para cuantificar la evolución de su peso fiscal, Flores precisó que los subsidios energéticos en el período 2005-2015 pasaron de representar del 0,2% al 2,9% del PBI; de representar el 46,5% de los subsidios económicos al 71,7%; y de explicar el 1,5% del gasto público al 12,3%.